Dos imputados en la estafa con planes sociales buscan evitar el juicio con un acuerdo

Rodolfo López y Adrián Alfredo Meza Lizama, dos de los imputados en la causa que investiga una de las mayores estafas al Estado provincial a través del desvío de planes sociales, buscan cerrar un acuerdo para evitar ir a juicio. Ambos admitieron su participación en la maniobra y propusieron una pena de prisión en suspenso, junto con tareas comunitarias y reglas de conducta.

El acuerdo fue presentado esta semana ante el juez de Garantías Juan Pablo Balderrama, con la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos, la Fiscalía de Estado y las defensas de los imputados. 

El magistrado dará a conocer su resolución el próximo jueves 22 de mayo a las 12.

Reconocimiento del fraude

En la audiencia, Meza Lizama reconoció haber cobrado de forma indebida 103 cheques por un total de casi 4,9 millones de pesos. Por su parte, López admitió el cobro fraudulento de 264 cheques, que en total ascienden a unos 12,7 millones de pesos (valores históricos).

Ambos montos forman parte del circuito de pagos irregulares que se investiga en la causa principal por defraudación a la administración pública, conocida como la "mega causa por los planes sociales", en la que hay otras 13 personas imputadas.

Este es el segundo intento de López y Meza Lizama por alcanzar un acuerdo abreviado. La propuesta anterior había sido rechazada por el juez Balderrama, quien consideró que no reflejaba con la suficiente gravedad los hechos. 

En esta nueva instancia, se amplió el reconocimiento de la maniobra y se agregaron compromisos de conducta.

El juicio principal ya tiene fecha y tribunal

La causa madre, que investiga el desvío sistemático de fondos desde el Ministerio de Desarrollo Social, irá a juicio el 21 de julio, y se extenderá hasta el 5 de septiembre, según estimaciones judiciales. El proceso será encabezado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita.

Tras nueve jornadas de control de acusación, la jueza de Garantías Carina Álvarez resolvió que serán 15 los imputados que enfrentarán el juicio, con una lista de 211 testigos y peritos.

El esquema de estafa

La investigación reveló un esquema piramidal con cinco niveles de responsabilidad. En la cúspide, el núcleo de poder estaba integrado por funcionarios del ministerio: Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengenthaler, quienes orquestaban la maniobra desde dentro.

Debajo de ellos, se encontraba una red de colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios. Se calcula que se cometieron más de 9.300 estafas con fondos públicos.

Entre los imputados clave figuran:

• Luis María Gallo y Laura Carolina Reznick, exdirectores de Finanzas del Ministerio.

• Julieta Oviedo, directora de Tesorería, con un rol operativo central.

• Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, quien emitía informes que ocultaban las irregularidades.

• Isabel Natalia Montoya, encargada de entregar tarjetas de débito y claves PIN para las extracciones ilegales.

Otros involucrados en la ejecución del fraude:

• Aarón Escobar: cobró 61 cheques por 2.375.600 pesos.

• Valeria Noemí Honorio: gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos.

• Ariel Oscar Krom: cobró 20 cheques por 968.000 pesos.

• Omar Ulises Rodríguez Quezada y Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras: participaban en extracciones con tarjetas ajenas.

Además, se identificaron beneficiarios que recibieron fondos sin cumplir requisitos:

• Alfredo Andrés Cury y Fernando Cardozo Regidor, quienes se beneficiaron de los subsidios de forma irregular.

La Fiscalía ya anticipó que solicitará penas de prisión efectiva superiores a tres años para los principales responsables. 

Mientras tanto, la causa sigue generando repercusiones políticas e institucionales, dejando en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control del Estado sobre los fondos públicos.

Fuente: Medios