Giros en la causa por estafa con planes sociales: formularon nuevos cargos a los imputados

Durante la tarde del martes, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal a cargo de la causa de estafa con planes sociales, Juan Narváez, formularon cargos contra tres referentes de la Cooperativa Viento Sur: Diego Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larrosa Velázquez. Se los acusa de haber defraudado al Estado por un total de $1.341.400.640, al desviar fondos destinados a programas de capacitación con fines de beneficio personal.

Con esta acusación, la causa por estafa, ocurrida durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez, da un nuevo giro. Los imputados ya estaban acusados por su implicación en la estafa con planes sociales.

Ahora, serán investigados también por presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos de la organización social Viento Sur. La noticia fue confirmada por el fiscal Vignaroli.

Otros implicados en la causa

Vignaroli anticipó que, en el corto plazo, se pedirá una nueva audiencia para imputar a exfuncionarios provinciales involucrados en la causa.

Entre ellos se encuentran Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial; y los exministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino.

Además, confirmó que todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía y que es probable que se avance con la imputación formal en una audiencia complementaria.

Por su parte, a otros tres integrantes de la organización, Gabriela Suppicich, exdiputada del Partido Obrero, Valencia Navarrete y Federico Gabriel Sánchez- se les imputó haber colaborado con los principales acusados para facilitar el cumplimiento de sus objetivos delictivos.

El fiscal jefe adelantó que se formularán cargos contra dos exministros de Desarrollo Social "lo antes posible". 

Ellos participaron tanto en la firma como en la ejecución de los convenios, así como también contra integrantes de las áreas de administración y planes del ministerio.

"Entendemos que una cosa no pudo haber ocurrido sin la otra. Sin la vista gorda de los funcionarios, no se habría podido seguir alimentando a la cooperativa", sostuvo el fiscal.

Sobre el dinero destinado a la Cooperativa

Cabe destacar que en agosto de 2022, la Cooperativa Viento Sur fue beneficiada con la implementación de un programa a través del cual el Estado provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo Social, se comprometía a realizar desembolsos mensuales destinados a la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales.

El programa fue creado el 18 de agosto de 2022 mediante el decreto 1672/2022 y, a través de sucesivas adendas, se prorrogó periódicamente hasta diciembre de 2023.

Según lo establecido en un convenio específico, los fondos asignados debían ser utilizados por las organizaciones de la sociedad civil para capacitar a sus integrantes en herramientas que favorecieran su inserción laboral o en la economía social. Además, se exigía la presentación de una rendición detallada de las acciones implementadas.

En ese marco, el fiscal Vignaroli señaló que los imputados "tenían la facultad de administrar dinero público otorgado como aporte no reintegrable en el marco del programa".

El fiscal afirmó que quien participó activamente en la negociación que derivó en la creación del programa de capacitación fue el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

"Él negocia y acuerda la implementación junto con los entonces ministros de Desarrollo Social, Germán Chapino y Abel Di Luca, quienes firman el convenio y ordenan las acreditaciones a través del director de administración, sin que se cumplieran los objetivos del programa", explicó.

Además, Vignaroli señaló que "lo único que hacían era adjuntar un listado de personas que habían cobrado dinero, pero nunca se presentó ningún plan de capacitación". Y concluyó: "Está claro que quienes debían controlar el cumplimiento del programa no lo hicieron y permitieron que esto sucediera".

Fuente: Medios