Causa: nuevos allanamientos en ciudad y otra arrepentida

Este jueves se suma un nuevo capítulo a la causa que investiga la estafa con planes sociales con una nueva arrepentida. Los aportes que realizó a la investigación, impulsaron allanamientos. Entre los procedimientos se conoció que, al menos uno de los operativos, se centró en la sede del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén.

En el marco de la causa, personal policial perteneciente a la División Análisis Forense Informático (DAFI) lleva adelante un allanamiento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada sobre la calle Anaya y la multitrocha. Buscan un servidor interno que contendría información clave para sumar a la investigación.

Si bien se realizaron allanamientos, todavía no se brindaron mayores detalles al respecto. Los procedimientos fueron impulsados por el testimonio que brindó la arrepentida, que aportó datos clave para la investigación.

El operativo se lleva adelante a pedido del fiscal del caso, Juan Manuel Narváez. Según informaron, en los últimos días se realizaron entrevistas a diversas personas y una de ellas "planteó que había un servidor interno dentro de la sede que tiene información del manejo de plata".

Una de las últimas novedades de la causa había sido el anticipo del fiscal jefe Pablo Vignaroli sobre que en septiembre ampliará la formulación de cargos por la estafa. Incluirá a más funcionarios de Desarrollo Social.

Entre los funcionarios en la mira por estafa de planes sociales se encuentran los exministros Abel Di Luca y Adriana Figueroa, el coordinador Provincial de Administración de Ministerio, Tomás Siegenthaler, el auditor contador Julio Arteaga (según los arrepentidos, iba todos los meses a retirar una suma de dinero), el contador Luis Gallo, Laura Reznik (directora General de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería). Podría sumarse el abogado y contratado por el organismo, Alfredo Cury.

Estos nuevos imputados se les suman los que ya están con prisión preventiva: Ricardo Nicolás Soiza, exdirector general de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización y Marcos Ariel Osuna, ex jefe del departamento de Gestión de Programas.

De esta manera, según la consideración de la fiscalía, prácticamente toda la estructura del ministerio funcionaba como una asociación ilícita.

También se deduce que la organización de la asociación ilícita no respetaba el organigrama del ministerio: como jefe está señalado Soiza, quien ocupaba el cargo de director, varios niveles por debajo del ministro. ¿O ahora cambiará la imputación, y Di Luca o Figueroa pasarán a ser sindicados como cabecillas?. Todo está por verse y continúa la investigación en esta causa.

Fuente: Medios