Planes sociales: el "dinero de los desocupados" terminó en Fincas del Nogal y un centro de estética
El juicio por estafa con planes sociales expone la red de funcionarios y allegados que cobraban cheques destinados a los más vulnerables.
La compra de un terreno en Fincas del Nogal, dinero para apuestas online y hasta el montaje de un centro de estética. Todo eso salió a la luz en la última audiencia del juicio por estafa con planes sociales en Neuquén, donde una contadora detalló un informe patrimonial de varios imputados. Muchos no pueden justificar "el blanco", como se dice, y la situación interpela a la política y los negocios, en todas sus escalas.
La pregunta sobrevuela el proceso: ¿se hicieron ricos funcionarios y allegados que cobraban los cheques de los desocupados?
La respuesta empezó a delinearse con el extenso informe de Melisa Benítez Jaccod, contadora de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos desde 2017. La profesional, que declaró como testigo, trabajó durante dos años en más de 90 informes que analizan patrimonios, movimientos bancarios y el destino de los subsidios por desempleo.
Su testimonio sintetizó la metáfora popular: el político que entra con una bicicleta al Estado, ¿sale con una 4x4? Este miércoles la perito será sometida a contrainterrogatorio de la defensa.
Apuestas online y cheques en ráfaga
El informe puso bajo la lupa a Marcos Osuna, ex jefe de Gestión de Programas, quien está detenido y asiste esposado a las audiencias. Según la pericia, coordinaba a empleados para realizar extracciones y cobranzas de cheques. Aparece vinculado al cobro de 29 cheques, la mayoría emitidos a nombre de terceros, por un total de $1.379.300.
Lo más llamativo es que gran parte de esos fondos se destinaron a sitios de apuestas. "Se observó en Osuna un alto endeudamiento en su momento, en las cuentas", explicó la contadora.
La auditoría estableció que el 40% de los movimientos de sus tres cuentas bancarias se dirigía a una cuenta de Mercado Pago y a "Casino Magic", relacionado con el juego online. Las sospechas apuntan a que usaba el dinero de los planes sociales para cubrir deudas de apuestas.
Juan Pablo Piombo, defensor de Marcos Osuna y Laura Guiliani, defensor a oficial de Pablo Sanz. Atrás, los imputados Osuna, Montoya y Sanz.
La pareja y el spa
Otro de los involucrados es Pablo Sanz, ex director de Fiscalización de la Unidad de Gestión de Planes Sociales. Según la perito, cobró cheques por $335.000 y recibió otros $473.477 en la cuenta de su ex pareja, Valeria Honorio, también imputada. A Sanz lo comprometen extracciones en ráfaga por $524.000, registros en planillas y hasta filmaciones de cajeros automáticos.
Su actual pareja, Isabel Montoya, también acusada, realizó 22 extracciones por $440.000 y fue señalada como la responsable de levantar un centro de estética en Centenario con dinero de los planes. La contadora mostró facturas de materiales, uniformes, cosméticos y carpintería por más de $3 millones. Incluso apareció una seña de $50.000 por un vestido de novia.
El terreno en Fincas del Nogal
Montoya además adquirió en mayo de 2022 un terreno en Fincas del Nogal por USD 34.000. Parte del pago se realizó en cuotas de USD 8.000 y el resto con dinero y un Chevrolet Cruze. Según el informe contable, la pareja Sanz-Montoya no pudo justificar de manera legal sus ingresos: presentaban inconsistencias por más de $11 millones.
Los defensores de la causa por la estafa con planes sociales. Esta semana tendrán mucha actividad con los testigos.
La "Caja Azul" de la política
El presunto cabecilla de la organización es Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales. Según la contadora, certificó listas apócrifas de beneficiarios, autorizó altas y manejó los fondos de la llamada "Caja Azul", destinada a gastos políticos. Tenía además el comercio "El Faraón", con serias inconsistencias contables: ingresos por más de $14 millones pero un rojo de más de $5 millones.
La contadora y perito de la Unidad de Delitos Económicos, Melisa Benítez Jaccod.
Otros imputados también aparecen comprometidos. La ex funcionaria Valeria Honorio cobró 43 cheques por más de $2 millones y realizó extracciones por $347.000.
El abogado Alfredo Cury, imputado y autodefensor, percibió cheques por más de $800.000, aunque argumentó que correspondían a honorarios. Fernando Cardozo, procesado y con participación remota en el juicio, cobró junto a su familia subsidios pese a tener ingresos declarados y una empresa en actividad.
Incluso empresarios privados figuran en la trama. Adrián Meza, dedicado al alquiler de vehículos y proveedor del Estado, cobró 34 cheques de subsidios por más de $1,6 millones.
Un perjuicio millonario
El análisis de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos determinó que, en dos años, el perjuicio para el Estado rondó el millón de dólares. La investigación sigue abierta y todavía restan audiencias, pero la evidencia de la contadora deja al descubierto una red en la que confluyen funcionarios, parejas, negocios privados y dinero de los más vulnerables.
Fuente: Medios.
Planes sociales: describieron la estructura para desviar fondos desde Desarrollo Social
