Estafa en planes sociales: BPN descarta implicación directa de sus empleados

Durante el segundo día del juicio por la estafa con planes de sociales de Neuquén, que juzga a 14 personas -entre ex funcionarios y estatales- por haberse quedado el dinero de planes sociales para desocupados, el ex subgerente de Auditoría del  Estafa en planes sociales: BPN descarta implicación directa de sus empleados y concluyó que los empleados bancarios no estaban implicados en el fraude.

Gutiérrez subió al estrado de la sala de audiencias en la mañana de este martes y fue el segundo testigo de un juicio de gran envergadura, en el que están citadas más de 200 personas para brindar su testimonio. Antes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había citado a una joven beneficiaria de un plan social, que había entregado su tarjeta de débito a una referente barrial y sólo recibía una porción del dinero a cambio de participar en ciertos eventos políticos o difundir campañas por sus redes sociales.

El auditor, que es contador público con una certificación internacional en auditoría, explicó que se inició el proceso de investigación a partir del reclamo de un cliente, de apellido Mendoza, que aseguró que alguien cobraba un plan a su nombre. Eso dio pie a detectar ciertas anomalías en el manejo de las cuentas bancarias vinculadas a los planes sociales que otorgaba el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

"La auditoría busca evaluar el sistema de control interno del banco y hacer investigaciones internas por denuncias o por pedido del directorio", señaló el contador, que hoy, ya jubilado, sigue vinculado al BPN con un contrato para brindar sus servicios a tiempo parcial. Así, su informe, realizado en equipo con las áreas de Ética y Compliance del BPN, apuntó a analizar si los empleados de la entidad estaban al tanto o si habían facilitado o sido parte de la maniobra delictiva.

Según explicó, tras la denuncia de Mendoza pudieron detectar que en esas 198 cuentas se hacían retiros sucesivos en cortos períodos de tiempo. Así, pudieron determinar que había un total de 14 personas, a los que llamaron "extractores", que ingresaban al cajero automático con varias tarjetas y extraían diferentes sumas del dinero, pese a que ellos no eran titulares de esas cuentas.

Así, el auditor consideró que los empleados que entregaban las tarjetas de débito a los beneficiarios de los planes no eran cómplices del fraude y no estaban al tanto de que los usuarios luego entregaban los plásticos a los extractores.

Gutiérrez detalló que, tras detectar la extracción de los cajeros, a mitad de 2022, se decidió bloquear las tarjetas de las 198 cuentas y se dio aviso a las sucursales, previendo que muchos usuarios iban a hacer reclamos cuando no pudieran retirar más dinero.

Afirmó que se generaron nuevos plásticos para aquellos que iniciaron el reclamo: en total, unos 70 clientes que se presentaron en la sucursal. "De ellos, 4 o 5 volvieron a retirar dinero", afirmó. Agregó que, además del bloqueo de los plásticos, también se hizo recurrió a la Justicia para hacer una denuncia penal.

Según detalló, se les impusieron sanciones menores al determinar que no habían cumplido con los procedimientos normativos para entregar las tarjetas. Por ejemplo, no había completado los legajos digitales o no habían pedido todas las firmas o documentación requerida para habilitar las cuentas y entregar el plástico.

En el caso particular de Mendoza, el cliente que inició la primera denuncia, detectaron que no estaba firmado el recibo que certificaba la entrega de una tarjeta de débito.

En la investigación se sumó el aporte de un perito caligráfico, que constató que en 16 casos de los 198, la firma no correspondía con el beneficiario, aunque Gutiérrez no pudo determinar en qué casos específicos se había producido esa irregularidad.

En otros 32 planes sociales, el perito caligráfico no pudo identificar si la firma correspondía o no a los beneficiarios. Según el auditor de BPN, esto ocurre por la firma en dispositivos electrónicos, como una tablet, que suele diferir de la firma realizada a puño y letra.

Cómo se entregan las tarjetas de débito

El contador recordó que las cuentas asociadas a planes sociales se dan como parte de una "apertura masiva". Así, cuando se recibió la orden del Ministerio de Desarrollo Social, se abrieron todas las cuentas con escasos requisitos: sólo un listado con nombres, apellidos y número de DNI.

Luego, cuando los beneficiarios acuden a la sucursal, deben completar un trámite conocido en el banco como "legajo digital" y también firmar un recibo en el que certifican que recibieron la tarjeta de débito asociada a su cuenta, para poder realizar luego las extracciones de efectivo por cajero automático.

Por la falta de cumplimiento de esos procesos, algunos empleados del BPN fueron sancionados. En algunos casos fueron suspendidos por tres días, y en otros sólo recibieron un apercibimiento. Como eran de distintas sucursales, se determinó que no estaban conectados ni tenían complicidad con el fraude asociado a esas tarjetas.

El contador aseguró, además, que también había sido parte de otra investigación interna de BPN al Ministerio de Desarrollo Social. Según afirmó, se había detectado otra irregularidad en el año 2020, aunque no pudo precisar en qué mes.

En esa oportunidad, el dinero se aportaba a través de la emisión de cheques, pero se disparó una alerta por presunto lavado de dinero al notar que la cantidad de cheques era excesiva para la actividad que tenía el Ministerio.

"Todos los bancos están obligados a tener un perfil del cliente en base a los ingresos y movimientos de fondos habituales", dijo y agregó: "Cuando hay un exceso de movimientos o se se mueve más dinero del que corresponde a ese perfil, salta la alerta".

La declaración del auditor de BPN se dio durante la segunda jornada, y la primera con presentación de testigos, del megajuicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. El proceso busca determinar la responsabilidad de 14 imputados, a los que se acusa de haberse quedado con el dinero de planes sociales de desocupados por un monto que, actualizado, alcanza los mil millones de pesos.

Para la Fiscalía, la estafa fue perpetuada por una estructura delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Social, integrada por funcionarios, empleados públicos y particulares, organizada en cinco niveles jerárquicos, desde exministros hasta empleados rasos y beneficiarios fantasmas.

Según la acusación, los cabecillas de la organización fueron Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sánz (exdirector de Fiscalización), Marcos Osuna (Departamento de Gestión de Programas), Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social) y Tomás Siegenthaler (Coordinador de Administración). Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.

A ellos se suman funcionarios de Finanzas y Tesorería, recaudadores, extractores de dinero y presuntos testaferros. Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, entre otros cargos.

Fuente Medios