Imputan a una petrolera por verter residuos de fracking en desagües de Centenario

Entre enero y agosto de 2024, una empresa operó como lavadero petrolero en un predio de la exjuguera en la zona de chacras de Centenario, así como en un terreno adyacente donde se encuentra una planta depuradora. 

Según el fiscal, el empresario generaba residuos peligrosos, principalmente agua contaminada con aceites e hidrocarburos, catalogados como tales por las leyes nacionales (Ley 24.051) y provinciales (Ley 1.875). Estos desechos, en lugar de ser tratados adecuadamente, eran depositados en piletas sin condiciones para contenerlos, afectando el suelo, el agua subterránea y el sistema de riego.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid presentó cargos contra el responsable de la firma Monali SAS, acusándolo de verter agua contaminada con residuos de fracking en un canal de desagüe destinado al riego, lo que pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente. La audiencia tuvo lugar esta mañana en la en la Ciudad Judicial y está basada en la presunta responsabilidad del imputado por verter agua contaminada.

Detalles de la investigación

La empresa, vinculada a la industria petrolera, operaba un lavadero de maquinaria en un predio de la exjuguera y terrenos adyacentes con una planta depuradora. Según el fiscal, los residuos peligrosos, compuestos principalmente de agua contaminada con hidrocarburos y aceites, no eran tratados adecuadamente. En su lugar, eran depositados en pilas sin condiciones de contención, afectando el suelo, el agua subterránea y el sistema de riego.

"El acusado evitó los costos de tratamiento de estos residuos, incurriendo en un acto de contaminación intencional", afirmó Breide Obeid. Los vertidos impactaron el sistema hídrico utilizado para el riego en la zona rural.

Medidas cautelares y legales

Como medida cautelar, la jueza de garantías Carina Álvarez ordenó el embargo de las cuentas bancarias del empresario por un plazo de cuatro meses. Este recurso tiene como objetivo asegurar la remediación ambiental de los daños causados y cubrir las posibles costas del proceso judicial. 

El fiscal destacó que los residuos nunca fueron enviados a la planta de tratamiento correspondiente, como exige la normativa. En su lugar, se vertieron en pilas de la planta depuradora de la exjuguera, que carecen de las condiciones necesarias, lo que contribuye a la contaminación del suelo, del agua subterránea y del sistema de desagüe.

Las irregularidades fueron detectadas tras la pandemia, cuando vecinos de la zona reportaron un aumento en la actividad. Los efluentes contaminados eran vertidos constantemente a los desagües, a la vista de todos.

Inspecciones realizadas en abril y mayo de 2024 documentaron los derrames y notificaron a la empresa para que cesara sus actividades contaminantes, otorgando plazos de remediación que nunca se cumplieron.

Los vecinos del sector, incluyendo quienes transitan por zonas recreativas cercanas como el Loteo Cabezas, habían denunciado la contaminación.

El caso refleja la gravedad de los delitos ambientales y la importancia de garantizar el cumplimiento de las normativas que protegen el ecosistema. Las investigaciones continúan mientras se evalúan las acciones legales necesarias para mitigar el daño causado.

Fuente: Medios