La ministra de Capital Humano fue imputada por presuntas irregularidades en una transferencia de $14.000 millones destinada a la compra de alimentos a través de un programa de las Naciones Unidas.
La denuncia señala al presidente y al ministro de Economía por un desvío de fondos públicos en la compra de dólares. La operación, que involucró 398 millones de dólares, habría sido realizada a un precio favorecido.
Se afirma que la compra no siguió el procedimiento administrativo correspondiente y que se acordó un precio superior al de la tasación de mercado. Además, las tierras no contarían con escritura.
A los 16 acusados se sumarán otros 14, mientras que aún no se sabe si queda afuera la imputación de la exfuncionaria Adriana Figueroa. La cifra de la malversación de fondos podría ascender a 200 millones de pesos.