Además de lidiar con la falta de insumos, médicos y enfermeros de la salita del Barrio Progreso son violentado por pacientes alterados. Solicitan al gobierno provincial custodia policial activa.
Pese a presentar toda la documentación que les exigen para cobrar los montos adeudados, la plata no aparece. La suma ascendería a 240 millones de pesos.
La provincia insiste que no solo es el problema de las concesiones de las hidroeléctricas sino también un debate más profundo sobre el suministro de agua.