El gran arrepentido de la millonaria estafa irá a prisión domiciliaria

Hace apenas unos días, se dio a conocer la explosiva declaración de Néstor Pablo Sanz ante los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, en la que habló de su rol en las estafas con planes sociales y ofreció un listado con nombres y más detalles sobre las maniobras de defraudación.

Este lunes, su abogado defensor Gustavo Palmieri pedirá la excarcelación de su cliente ante un juez de garantías con el argumento que con esa testimonio, ya no se corre el riesgo de que intente entorpecer la investigación.

De esta forma, este lunes o martes, Sánz dejará atrás los barrotes que lo encierran desde el 10 de julio pasado. El viernes ya estaban verificando las condiciones de la vivienda en la cual pasará a cumplir detención domiciliaria; cuando el informe socioambiental esté listo, logrará un alivio en su situación personal pero no cambiará su estado procesal: continuará imputado como líder de una asociación ilícita, con una amenaza de cinco años de prisión como mínimo por delante.

"Pedimos una audiencia para morigerar su privación de la libertad. La justificación de este pedido tiene que ver con el descargo que hizo respecto a las operatorias que se realizaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Fue una declaración muy extensa que tiene importancia por todas las cuestiones que ha señalado. Respondió todas las preguntas que se le hicieron". 

"Espero que en el día de hoy podamos discutir que, en estas circunstancias el argumento de entorpecimiento de la investigación desaparece y al desaparecer el motivo por el cual fue privado de su libertad hace cuatro meses corresponde discutir alguna medida alternativa", postuló el letrado que patrocina al exdirector de Fiscalización de Planes Sociales, en diálogo con medios locales, dando a entender que una posibilidad es que el exfuncionario obtenga la prisión domiciliaria.

De acuerdo a los datos que Sanz brindó a los fiscales, Palmieri expresó: "Explicó cómo funcionaba esta operatoria de financiamiento ilegal de la política y de los gastos personales de algunos funcionarios y de personas vinculadas al partido en el gobierno. Dijo que esta actividad tampoco es nueva, que hace muchos años que se viene cumpliendo con distintas modalidades y con diferentes administraciones".

"El contó lo que a él le tocaba a hacer en el marco de esta operatoria. Según explicó están implicados todos los que eran empleados del Ministerio de Desarrollo Social porque todos colaboraban de alguna manera en esta cuestión, sino también los funcionarios de índole intermedios - como en el caso de él- y lo funcionarios de rango superior como el caso de otras personas a las que se le han formulado cargos en la última audiencia que se hizo", indicó haciendo referencia implícita a Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración que fue acusado de ser unos de los jefes de la asociación ilícita y fraude a la administración pública junto al exministro Abel Di Luca y Marcos Osuna (exjefe del departamento de Gestión de Programas), que al igual que Sanz se encuentran en prisión preventiva.

En la mencionada audiencia del pasado 29 de septiembre la jueza Estefanía Sauli le formuló cargos como partícipes de la asociación ilícita "en concurso real, con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real" a más de 25 personas entre ellas el auditor contador Julio Arteaga, Luis Gallo extitular de la Dirección de Finanzas, Carolina Reiznik (directora de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería), Luis Gallo (ex director de Finanzas), Laura Reznik (directora de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería) y el polémico abogado Alfredo Cury, quien luego de defender a una primera tanda de acusados asumió su propia defensa.

El abogado de Sanz subrayó que su cliente explicó que "las decisiones estratégicas, en cuanto al dinero, cómo se distribuía y para qué se recaudaba no era decisión que tomaba él, eran decisiones que tomaban personas con responsabilidad administrativas y políticas superiores".

El listado de nombres que aportó Sanz salpicó a funcionarios imputados, de otras dependencias del gobierno provincial, del municipio capitalino y periodistas. En cuanto a estos últimos, Palmieri expresó: "Uno tiene la sensación de que son personas vinculadas al partido en el gobierno". "Lo que puso Sanz en claro sobre oscuro es quienes tomaban decisiones, por qué montos, de qué forma ese dinero se recaudaba y controlaba que iba al financiamiento de actividades de militancias del partido en el gobierno, como determinados referentes barriales, como los llamaba él, que eran las personas que confeccionaban los listados y buscaban los beneficiarios del subsidio de desempleo".

Al hacer referencias a la teoría del caso que planteó el ministerio Público Fiscal y que confirmó Sanz con su declaratoria, Palmieri coincidió en describir el funcionamiento y las responsabilidades de las maniobras delictiva "como si fuera una pirámide". 

"Debajo las personas que el Ministerio Público consideran que son extractores, que retiraban el dinero de manera indebida. En el medio de la pirámide quienes los engranajes para que esto ocurriera -facilitando los listados y las tarjetas de débito- y el cúspide quienes tomaban las decisiones políticas estratégicas ilegales de recaudación de fondos públicos para destinos indebidos que no eran Sanz ni las personas que estaban por debajo de él", esgrimió.

Respecto a los motivos que llevaron al exdirector de Fiscalización de Planes Sociales a ampliar su declaración, Palmieri señaló que tiene razones personales y que "aparte entiende que se encuentra en una situación compleja". "Mucho de lo que afirma el Ministerio Público Fiscal no es cierto por considerarlo jefe de una asociación ilícita. Yo he sido muy crítico sobre esta cuestión. En la última audiencia se le reformularon lo cargos y Sanz pasó de ser partícipe a jefe de la asociación ilícita, provocó la decisión definitiva de él de aclararlo. Él no se considera jefe de ninguna asociación ilícita sino una pieza más del engranaje que funcionaba en el Ministerio de Desarrollo Social".

"Nosotros tenemos una opinión crítica respecto a la investigación que se hizo porque tuvo un época de mucha inactividad y de la figura de la asociación ilícita. Curiosamente es una causa a la que se le dio impulso a partir de una manifestación pública que hizo el gobernador electo sobre que se había comunicado con gente d la justicia para que esto se reactivara. Coincidió con los allanamientos que se realizaron al día siguiente. Yo en ese momento criticaba mucho esa cuestión, el poder político sigue involucrándose injustificadamente, no respetando la división de poderes", agregó el letrado.

Ante el comentario sobre que "parece que la investigación parece limitarse para no seguir implicando a más gente o más áreas de gobierno", Palmieri manifestó: "Cuesta mucho avanzar en investigaciones de este tipo, pero eso no quita que si nos quedamos con la base de la pirámide y el término medio. Lo que no se puede negar que el relato de Sanz, después de dar tantos nombres y precisiones, puso al descubierto que había una decisión política de financiar gastos de militancia, de funcionamiento del partido, estructuras políticas y gastos personales de funcionarios de la más alta jerarquía y extrapersonales y políticos como algunos periodistas que se financiaron. Esas decisiones no las toma un funcionario de rango intermedio ni el personal que tenía que ir a retirar dinero de una cuenta que sabía que no le correspondía. Eso está vinculado a la estructura del poder de las más altas esferas", recalcó.

"En una provincia donde curiosamente hay muy pocas investigaciones de delitos involucrados a la administración pública y que en un momento le costó el cargo a un fiscal, sería una pena que el Ministerio Público Fiscal con toda esta información no avanzara más allá", concluyó.

Fuente: Medios