Estafa con planes: Cómo quedó la causa y cuál es la situación de Di Luca

Entre jueves y viernes de esta semana, la fiscalía de Delitos Económicos amplió la acusación en la causa que investiga la estafa con planes sociales. El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez imputaron a nueve personas más incluido el exministro Abel Di Luca.

En la audiencia se detallaron cinco niveles diferentes de responsabilidades y cinco funcionarios de alto rango que serían los líderes de la asociación ilícita. Los representantes del Ministerio Público Fiscal aseguraron que, entre septiembre de 2020 y el 31 de julio del 2022, la estafa a la administración pública alcanzó una suma de $153.377.900.

A los ya imputados Soiza, Sanz y Osuna se sumaron dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. Según la teoría del fiscal Narváez, todos "pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener dinero proveniente de fondos del Estado provincial".

Debajo de los "organizadores", la fiscalía estableció cuatro niveles más: Colaboradores directos de los jefes; reclutadores de posibles beneficiarios de planes; quienes extraían el dinero; y los que eran incluidos como beneficiarios de planes.

REFORMULACIÓN DE CARGOS

La reformulación de cargos comprendió a 28 personas, entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Además, hay otras dos personas que no se presentaron a la oficina judicial y serán acusadas en una nueva audiencia.

A Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, se les atribuyó el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores.

El resto de las personas fue acusada por integrar la asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9303 hechos en concurso real.

LA AUDIENCIA

El comienzo se demoró por la ausencia del exdirector de planes sociales, Ricardo Soiza y su abogado. Según explicaron, tenía programada una salida autorizada para realizar un trámite.

Una vez que finalizó con sus quehaceres, Soiza se conectó vía Zoom desde la Comisaría 49 de Vista Alegre donde se encuentra detenido. Su abogado, por otra parte, había pedido que lo eximieran de escuchar la acusación del jueves y creyó que esa eximición corría para el viernes también, según excusaron. "Déjenme pensar bien, que fue una casualidad", dijo el fiscal Vignaroli en declaraciones radiales.

Cabe aclarar que las salidas de unidad de detención, las otorga la propia Oficina Judicial, no la policía. "Quizás como la audiencia estaba prevista para ayer, no sabían que iba a continuar hoy", intentó reflexionar el representante del MPF.

¿Por qué Di Luca no está detenido?

Ante la pregunta de por qué no solicitaron prisión preventiva para Di Luca no, si -según la teoría de la fiscalía- tenía un rol preponderante en la organización de la estafa; Vignaroli explicó que "la prisión preventiva está relacionada con riesgos procesales y en la investigación surge que tanto Soiza como Sanz y Osuna llevaron adelante maniobras para entorpecer la investigación, pero de Di Luca no tienen ninguna información al respecto".

La jueza aceptó la teoría del caso que presentó el Ministerio Público Fiscal y no hizo lugar a ninguna de las objeciones de las defensas. La causa ahora tiene 28 imputados incluyendo el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca.

Vignaroli fue optimista con la continuidad de la investigación y la posibilidad de, dentro de dos meses (el 29 de noviembre), presentar la acusación. Sin embargo explicó que surgieron variables en la audiencia y es probable que las defensas de los nuevos imputados pidan prórrogas.