Bajo la lupa: el Gobierno confirma una profunda reforma en el INTI e INTA
Por decreto, el Ejecutivo modificó la estructura del INTI y el INTA, que dejarán de ser organismos autónomos para pasar a depender de otras áreas del Estado. La medida generó rechazo entre trabajadores y sectores vinculados a la producción.
Durante la madrugada de este martes, el Gobierno nacional oficializó a través del Decreto 426/2025 una profunda reestructuración de organismos públicos, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La medida, que también incluye fusiones y disoluciones de otras dependencias, se tomó en el marco del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases.
La decisión generó un fuerte rechazo entre trabajadores de los organismos afectados, especialmente en el sector agropecuario, donde se realizaron protestas como el corte de la colectora de la Avenida General Paz, que terminó con incidentes con la Policía de la Ciudad.
El INTI, bajo la órbita de Industria y Comercio
Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el INTI dejará de funcionar como ente descentralizado y pasará a depender directamente de la Secretaría de Industria y Comercio. La medida responde, según el Gobierno, a un diagnóstico interno que señaló "estructura sobredimensionada, superposición de áreas administrativas y escasa articulación con las necesidades reales del sector industrial".
Además, los ingresos que antes administraba el INTI -como tasas, aranceles, patentes, rentas o aportes de terceros- pasarán a formar parte del Tesoro Nacional. No obstante, el instituto podrá crear nuevos Centros de Investigación con apoyo técnico o financiero del sector privado, aunque siempre bajo aprobación estatal.
Cambios en el INTA, el INPI y el INV
El INTA también fue alcanzado por la reforma. A diferencia del INTI, no perderá su estructura ni funciones, pero será transformado en un organismo desconcentrado, con el objetivo de mejorar su articulación con otras áreas del Estado y dotarlo de mayor agilidad operativa. Sus misiones centrales -investigación, asistencia técnica y trabajo territorial- se mantendrán.
Según el borrador del DNU conocido días atrás, la intervención sobre el INTA se justifica en un diagnóstico que lo califica como "sobredimensionado", con 932 cargos jerárquicos -más que cualquier ministerio nacional- y graves deficiencias administrativas detectadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Entre ellas se destacan la falta de controles en compras, contrataciones y manejo de fondos.
También se cuestiona la estructura territorial descentralizada del organismo, que, según el texto, dificultó la supervisión estratégica y fomentó la dispersión operativa. El nuevo esquema propone que el INTA sea dirigido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem.
En todos los casos se aplicarán medidas comunes como el relevamiento obligatorio de bienes, la transferencia de recursos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la adecuación de estructuras internas bajo control del Ministerio de Economía. El objetivo declarado es terminar con organismos que, según el Gobierno, se habían convertido en cajas políticas y administrativas sin control ni eficiencia.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) será reconfigurado en la misma línea: continuará con sus tareas habituales relacionadas con patentes, marcas y modelos, pero bajo una nueva estructura administrativa que busca optimizar su funcionamiento.
En tanto, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejó de ser un ente autónomo y fue incorporado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aunque pierde independencia institucional, seguirá cumpliendo su rol en la certificación y control técnico de productos, especialmente en la etapa final de la cadena productiva. También podrá delegar parte de sus tareas a organismos públicos o privados.
Reacción de los trabajadores
La transformación de estos organismos generó malestar entre trabajadores del INTI y del INTA, quienes advirtieron que estas medidas representan "un golpe a la industria y a la producción nacional".
Desde los gremios aseguran que la pérdida de autonomía limitará la capacidad técnica de los institutos y abrirá la puerta a un mayor control político y a la privatización de funciones clave.
El Gobierno, por su parte, insiste en que los cambios permitirán un funcionamiento más eficiente y con menor costo para el Estado.
Fuente: Medios
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