Controles de toxicidad y reformas en la justicia: quiénes impulsan el proyecto

La Asociación de Padres de Río Negro y Neuquén presentó un proyecto de ley en la Legislatura Neuquina que busca implementar pruebas sorpresivas de consumo de estupefacientes y alcoholemia para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Según la propuesta, las evaluaciones estarán a cargo de una Unidad de Pruebas Toxicológicas, que dependerá de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad.

El proyecto establece un protocolo de intervención que resguarda la información de los involucrados y exige el consentimiento previo mediante la firma de una autorización. 

Las pruebas se realizarán de forma aleatoria y sorpresiva e incluirán una contraprueba en caso de resultados positivos, con análisis clínicos, psicológicos y de laboratorio. En sus fundamentos, la asociación argumenta que el consumo de sustancias podría comprometer la capacidad mental de quienes ejercen funciones judiciales y que garantizar su óptimo desempeño es esencial para la ciudadanía.

Paralelamente, la asociación presentó otra iniciativa destinada a la creación de una comisión, dentro del Consejo de la Magistratura, para auditar y evaluar las resoluciones y plazos procesales de los jueces de familia. Este mecanismo también contempla controles sobre defensores del niño, gabinetes interdisciplinarios, abogados, psicólogos y peritos. Según el proyecto, estas auditorías periódicas promoverán la imparcialidad, la eficiencia y la adopción de prácticas que prioricen el bienestar familiar y el respeto por los vínculos afectivos.

Otra de las propuestas destacadas es la implementación de un protocolo de revinculación parental. Esta herramienta busca abordar problemas relacionados con la obstrucción parental y brindar a los jueces y equipos técnicos recursos específicos para intervenir en situaciones de alta conflictividad. La intención es garantizar soluciones efectivas que beneficien a las familias afectadas.

Por último, la asociación impulsa la creación de una Coordinación de Coparentalidad como parte de un proceso no adversarial. Esta instancia, que debe ser ordenada por un juez o acordada por las partes, tiene como objetivo implementar un plan parental que permita abordar conflictos de alta intensidad entre progenitores. El proyecto destaca la necesidad de fomentar acuerdos que prioricen el interés superior de los niños y niñas en contextos de separación.

Fuente MinutoNeuquén