Se aprobó en la Cámara de Diputados la emergencia en discapacidad
La Cámara baja dio media sanción a un proyecto que actualiza pensiones y aranceles del sector discapacidad. Fue impulsado por bloques opositores y rechazado por el oficialismo. El Gobierno advierte sobre su costo fiscal.
Con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
La iniciativa, impulsada por bloques opositores y rechazada por el oficialismo, contempla la actualización mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición de las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada.
El monto de las pensiones por discapacidad se mantendrá en el 70% del haber jubilatorio mínimo.
Diputados dio media sanción a la Ley.
El debate en la Cámara Baja
Durante el debate, la diputada radical Soledad Carrizo remarcó que el sistema de atención a la discapacidad "necesita una salida razonable y coherente" para garantizar los derechos de las personas afectadas.
Desde Democracia para Siempre, Melina Giorgi sostuvo que "el equilibrio fiscal no puede buscarse a través del ajuste en el sector de la discapacidad", mientras que Vanina Biasi (Frente de Izquierda) pidió "cambios significativos que transformen la vida" del colectivo.
Eduardo Valdés (Unión por la Patria) denunció que los transportistas que asisten a personas con discapacidad están percibiendo apenas 500 pesos por kilómetro, lo que complica seriamente su trabajo.
"Mi compromiso es con los padres que sueñan con una vida digna para sus hijos cuando ellos ya no estén", expresó.
Por su parte, el diputado libertario Santiago Pauli intentó desligar al actual gobierno de la emergencia y apuntó al oficialismo anterior: "La inflación de 2023 fue del 211% y el aumento que dio el gobierno de Alberto Fernández fue de solo 93 puntos. ¡La emergencia es toda de ustedes!".
Pauli también denunció el presunto uso clientelar de fondos para discapacidad, señalando que "muchos beneficiarios no cumplían los requisitos y eran utilizados políticamente".
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal del proyecto varía entre 1,88 y 3,62 billones de pesos, dependiendo del número de nuevos beneficiarios, que podría oscilar entre 493.000 y 946.000 personas.
Además, el desfasaje por inflación se estima en $278.323 millones y el refuerzo para talleres de producción en $7.160 millones.
La declaración de emergencia había sido exigida por organizaciones de la sociedad civil, familias y trabajadores del sector, que vienen realizando movilizaciones en todo el país para exigir una actualización urgente de pensiones y prestaciones.
Fuente: Medios
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