La Legislatura neuquina debate controles toxicológicos para funcionarios públicos

Este jueves, la Comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura neuquina inició el tratamiento de cuatro proyectos que proponen implementar controles de consumo de drogas para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

Durante el encuentro, al que asistieron los diputados autores de las iniciativas, se acordó avanzar hacia la redacción de un único proyecto consensuado. Para ello, la semana próxima se convocará a especialistas en la materia, con el objetivo de elaborar una normativa que sea lo más abarcativa y rigurosa posible en cuanto a procedimientos, frecuencia, evaluación y obligatoriedad de los test.

Hay un amplio consenso político para avanzar en la propuesta, impulsada por la mayoría de los bloques. La discusión cobró impulso luego de que el propio gobernador Rolando Figueroa planteara el tema en su discurso del 1 de marzo, al inaugurar el período de sesiones ordinarias.

Uno de los proyectos más avanzados

Entre las iniciativas destaca la presentada por los diputados Francisco Lepore (Avanzar) y Claudio Domínguez (MPN), que propone someter obligatoriamente a exámenes toxicológicos al gobernador, vicegobernador, jefe de gabinete, ministros y funcionarios del Ministerio de Seguridad, así como a legisladores provinciales y personal del Poder Legislativo.

La medida también alcanzaría a jueces, fiscales y auxiliares vinculados a la lucha contra el narcotráfico, al personal de la Policía provincial y del sistema penitenciario, además de intendentes y concejales de municipios que adhieran a la ley.

El objetivo de los exámenes será detectar sustancias prohibidas conforme al decreto nacional 299/2010 o su normativa equivalente, garantizando la idoneidad y responsabilidad de los funcionarios públicos.

¿Cómo serán los controles?

El proyecto establece que los exámenes deberán realizarse respetando los principios de confidencialidad, privacidad, proporcionalidad y no discriminación. En caso de un resultado positivo, no se procederá automáticamente a la cesantía, sino que se iniciará un procedimiento administrativo para evaluar si se trata de un consumo ocasional, una dependencia o un uso médico justificado.

El resultado del test será confidencial y sólo podrá ser conocido por la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud) y el propio funcionario, salvo que este decida hacerlo público.

También se prevé la creación de una Comisión Evaluadora, con carácter autónomo, conformada por representantes técnicos de cada poder del Estado.

Los controles serán obligatorios y aleatorios, con una frecuencia mínima de tres veces al año, y deberán realizarse en instituciones públicas de salud o laboratorios habilitados. Las pruebas podrán incluir análisis de orina, sangre, rinoscopia y otros estudios que determine la autoridad competente. El funcionario tendrá derecho a solicitar una contraprueba en otro laboratorio en caso de duda sobre el resultado.

Negarse a realizar el examen será considerado como resultado positivo y dará lugar a un proceso administrativo para determinar las razones de la negativa y su posible impacto en el desempeño del cargo.

Las otras iniciativas

El primero de los proyectos fue presentado en octubre pasado por el empresario Carlos Eguía, quien propuso exámenes toxicológicos anuales obligatorios para garantizar la "idoneidad, integridad física, psicológica e intelectual" de los funcionarios públicos. 

La iniciativa abarca al gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, concejales y presidentes de comisiones vecinales.

Incluye entre las sustancias prohibidas al alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, alucinógenos, heroína, ketamina y otros psicoactivos que actúan sobre el sistema nervioso, salvo en casos de consumo justificado con receta médica.

En marzo, el diputado del PRO Marcelo Bermúdez, junto a Mercedes Tulian y Damián Canuto, presentó un proyecto que también propone controles toxicológicos obligatorios, periódicos y aleatorios para funcionarios de los tres poderes.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó una propuesta similar, pero con controles anuales, en lugar de múltiples al año.

Fuente: Medios