El Gobierno eliminó la jubilación de privilegio de CFK y la pensión de Néstor Kirchner

El Gobierno nacional hizo oficial la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Fernández y la pensión derivada de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1092/2024 y está fundamentada en la confirmación de la condena penal contra la ex presidenta, dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Causa judicial e impacto en los beneficios

La resolución toma como base la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Según el documento, estas asignaciones especiales son incompatibles con condenas relacionadas al desempeño en altos cargos públicos, ya que se otorgan en reconocimiento al mérito, honor y buen desempeño de las funciones ejercidas.

Detalles sobre las asignaciones suprimidas

La medida implica la anulación de un monto total de 21.827.624 pesos que combinaba la jubilación y la pensión de privilegio. Sin embargo, se aclara que la ex mandataria podrá seguir cobrando una pensión y una jubilación basada en sus aportes personales, excluyendo cualquier adicional vinculado al régimen especial.

Declaraciones del Gobierno y posibles apelaciones

Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó que la resolución es coherente con la normativa vigente. A su vez, se confirmó que Cristina Kirchner tiene la posibilidad de apelar esta decisión. El Gobierno subrayó que los beneficios especiales no tienen carácter contributivo, sino que son una gracia otorgada bajo condiciones específicas.

Implicancias políticas y legales

La decisión de eliminar los beneficios de privilegio de una ex presidenta marca un precedente en la relación entre la justicia y las pensiones especiales en Argentina. Mientras se esperan posibles apelaciones por parte de Fernández de Kirchner, la medida genera un nuevo capítulo en el debate sobre la ética y los derechos asociados a quienes ocupan cargos públicos.

Fuente: Medios