Empleada estatal cobraba sueldo en Neuquén mientras vivía en Chile
Esta semana, el gobernador neuquino firmó el decreto de despido de una empleada del ex Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Este caso se suma a la lista de despidos recientes en el sector público.
La gestión de Rolando Figueroa continúa desvinculando a los denominados ñoquis en el Estado provincial. Esta semana, el gobernador neuquino firmó el decreto de despido de una empleada del ex Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que cobraba su sueldo cuando en realidad no sólo no cumplía funciones sino que increíblemente residía en Chile.
En este contexto, el mandatario provincial firmó el lunes pasado un decreto con el que concretó el despido de una ahora ex empleada de la subsecretaría de Desarrollo Social.
La empleada, Gabriela Adriana Riquelme, residió en Chile en varios períodos desde 2019 y no cumplió funciones en su puesto. A pesar de estar fuera del país, tramitó certificaciones laborales, lo que se registró un incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. La investigación sobre su caso comenzó en octubre de 2022, durante el gobierno de Omar Gutiérrez, pero se aceleró tras la orden de Figueroa de resolver estos casos.
Fuentes del Ejecutivo neuquino indicaron que "la expulsión de ñoquis, inmorales e incumplidores crónicos no solo constituye un acto de justicia, sino que forma parte de las políticas para eliminar los gastos innecesarios del estado provincial.
¿Quién es la empleada despedida?
Gabriela Adriana Riquelme, ex empleada de la administración pública neuquina, fue investigada por no cumplir con sus funciones mientras residía en Chile en distintos períodos: del 4 de diciembre de 2019 al 1 de marzo de 2020, del 15 de marzo de 2020 al 10 de noviembre de 2020, y del 5 de marzo de 2021 al 11 de octubre de 2021. La investigación, iniciada el 3 de octubre de 2022, desarrolló que Riquelme no presentó argumentos sólidos para justificar su situación, lo que resultó en su desvinculación.
El proceso de sumario, realizado de acuerdo con el Reglamento de Sumarios Administrativos de la Provincia, respetó los derechos de defensa y debido proceso. Además, se descubrió que, pese a estar en el país vecino, la ex empleada tramitó certificaciones laborales entre el 29 de octubre y el 10 de noviembre de 2020, y nuevamente del 5 de marzo al 11 de octubre de 2021.
Ante la gravedad de estas irregularidades, se decidió aplicar la sanción de cesantía, sumando su caso a la lista de despidos recientes en el sector público.
Fuente: Medios
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