Avanza en Neuquén un proyecto para realizar controles toxicológicos a funcionarios
La iniciativa alcanza a autoridades de los tres poderes del Estado, además de entes autárquicos y empresas públicas. El eje de la discusión está en qué procedimiento aplicar si un funcionario da positivo y quién debe pagar los análisis.
El diputado provincial Marcelo Bermúdez (PRO) confirmó que existe un despacho con mayoría en la Legislatura de Neuquén para avanzar en una ley que habilite controles toxicológicos obligatorios a funcionarios públicos.
La iniciativa alcanza a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo (gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios), Legislativo (diputados) y Judicial (TSJ, jueces, fiscales, defensores y Consejo de la Magistratura), además de directivos de empresas estatales y entes autárquicos. Las pruebas serían sorpresivas y al menos una vez al año.
"No se trata de la vida privada"
Bermúdez aclaró que la propuesta no busca inmiscuirse en lo personal, ya que "no se analiza la adicción ni la vida privada de nadie, sino que se garantice que ningún funcionario que toma decisiones tenga un vínculo con el narcotráfico a partir de un consumo".
El debate: qué pasa si da positivo
Uno de los puntos centrales en discusión es cómo proceder ante un resultado positivo. El proyecto original del PRO plantea un esquema directo: prueba inicial, contraprueba inmediata y, si ambas son positivas, la remoción del cargo.
En cambio, el despacho firmado en la Legislatura propone un tercer análisis a los tres meses y luego la aplicación de los mecanismos previstos en cada poder (sumario, juicio político o jurado de enjuiciamiento).
Bermúdez cuestionó este esquema: "Podemos terminar con un juez con prueba y contraprueba positivas que, por falta de votos en un juicio político, vuelva a su cargo. Eso es injusto y depende de la política".
El diputado sostuvo que el mismo estándar que se aplica a la Policía de Neuquén o a los ciudadanos en los controles de alcoholemia debe regir también para quienes ocupan cargos públicos. "Debemos tener un texto concreto", insistió.
Quién paga los análisis
Otro eje del debate es el financiamiento de los estudios. Bermúdez rechazó que se utilicen fondos estatales.
"El Estado somos los contribuyentes. No corresponde que un ciudadano financie el análisis de quienes ejercen el poder".
Fuente: Medios