Estafa con Planes Sociales: la razón del reemplazo de uno de los jueces
El juez Dardo Bordón ha sido sustituido. Este viernes se realizó la audiencia para tomar una decisión sobre la prisión preventiva para Néstor Sanz.
Este viernes se concretó la recusación que el Ministerio Público Fiscal (MPF) hizo contra el juez Dardo Bordón, uno de los integrantes del Tribunal que decide la continuidad de la prisión preventiva para Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Néstor Sanz, acusados de integrar la banda por las estafas con los planes sociales dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
El pasado martes, el Tribunal de Revisión -integrado también por los jueces Gustavo Ravizzoli y Juan Pablo Encina- decidió por mayoría la continuidad de la prisión preventiva para Soiza y Osuna por dos meses y no por seis, tal como lo había decidido previamente la jueza Estefanía Saulí. El fundamento fue que es aconsejable la revisión regular de la medida.
Sin embargo, Bordón votó -en minoría- por otorgarles la detención domiciliaria y, dentro de sus argumentos, brindó una opinión sobre el caso. El magistrado admitió durante la audiencia que se "extralimitó" y que fijó posición sobre la causa, por lo que sus dichos podrían ser motivo de recusación a futuro. Así fue que este viernes -antes del inicio de la audiencia para definir el futuro de Sanz- la Fiscalía formalizó el pedido de recusación.
La audiencia inició a las 11 en la Sala 14 de la Ciudad Judicial y, tras un cuarto intermedio, se decidió el reemplazo de Bordón en el Tribunal. La jueza Raquel Gass ocupó su lugar.
Estafas con planes sociales: se decide el futuro de Sanz
A diferencia de Soiza y Osuna, el pasado martes la situación procesal de Sanz no pudo resolverse porque su abogado, Gustavo Palmieri, debía estar presente en otra audiencia -revista con antelación- que se realizó en el mismo horario.
El pasado 10 de noviembre se cumplió el plazo de vencimiento de la medida cautelar dictada por el juez Cristian Piana en julio de este año. Por eso, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, solicitaron una prórroga de seis meses para los tres detenidos, acusados del delito de asociación ilícita en carácter de jefes con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real; cargos que también pesan sobre Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca (quienes se encuentran en libertad).
Fuente LMNeuquén
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