Detuvieron a un intendente puntano por estafa millonaria a PAMI

Se trata del jefe comunal de Saladillo, David Becerra. La cifra superaría los 20 millones de pesos e involucra a directivos de farmacias y funcionarios de la obra social de jubilados.

Ayer, el intendente de Saladillo, David Becerra fue detenido por estar acusado de integrar una banda que estafó a PAMI a través de la supuesta sobrefacturación de medicamentos. La detención de jefe comunal se realizó en el marco de una serie de allanamientos realizados por la  personal de la Subdelegación Villa Mercedes de Policía Federal y Gendarmería en farmacias de Villa Mercedes y una de Saladillo.

A pesar del fuerte hermetismo, se supo que uno de los domicilios allanados fue en una farmacia de la segunda ciudad de la provincia, en avenida Pringles y Esteban Agüero. La causa tiene involucrados y procesados a unos 6 directores técnicos de farmacias y 5 funcionarios de PAMI, por una millonaria estafa por sobrefacturación de medicamentos, que superaría los 20 millones de pesos.

Un medio local de San Luis especificó que en los operativos también se habrían extendido a La Banda, en Santiago del Estero, San Luis y domicilios de otras provincia. 

Detuvieron a un intendente puntano por estafa millonaria a PAMI

La causa que involucra a Becerra tendría relación con una causa que tiene a cargo Sebastián Casanello, juez  Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien procesó a 11 personas por acausadas de una estafa millonaria al PAMI por con la facturación de medicamentos para diabéticos.

Los casos habían sido iniciados a raíz de denuncias realizadas por las autoridades del organismo oficial. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, convocada para el desarrollo de la investigación.

El monto del perjuicio valorado oportunamente a los costos del momento en que se produjeron los hechos es de 18 millones de pesos, por lo cual la suma actualizada debe ser considerada mucho más elevada. Los delitos que se le atribuyen a los procesados son los de «defraudación contra la administración pública y falsificación de documentos», a los cuales se suma «abuso de autoridad» respecto a los agentes del PAMI.

El juzgado dispuso además la inhibición general de bienes de los imputados, les trabó embargo y ordenó la realización de una investigación patrimonial sobre cada uno de ellos, con el fin de obtener el recupero de los bienes sustraídos a las arcas del INSSJP.

Detuvieron a un intendente puntano por estafa millonaria a PAMI

En particular, la maniobra que se le imputó a esas personas consistió en insertar datos falsos de personas como “terceros intervinientes”, firmas y/o sellos apócrifos de médicos, y en adjuntar troqueles falsos de los productos de insulina y/o tiras reactivas en recetas de la obra social nacional, lo cual les permitió obtener un beneficio económico millonario ilegítimo.

En la investigación fueron también procesados cinco agentes del PAMI, a quienes se les imputa haber dado de alta con sus claves a afiliados que no eran diabéticos, o que no eran insulinorequirentes, y que se domiciliaban en zonas alejadas tanto de las oficinas de PAMI que le dieron el alta como también de las farmacias donde figuraban que los retiraban. El rol de los funcionarios procesados habría sido fundamental, ya que sin su colaboración la maniobra no podría haberse realizado.

Desde la UFI-PAMI se analizó la relación entre los medicamentos adquiridos y los que efectivamente fueron dispensados por las farmacias, lo cual contribuyó a determinar, en principio, la intervención de los acusados en la maniobra investigada.

En efecto, la unidad especializada del MPF analizó más de 600 facturas de compra entre droguerías y farmacias -entre otras varias medidas de prueba-, lo que permitió establecer que los titulares y/o directores técnicos de las farmacias habrían simulado la venta de productos para diabéticos -tanto tiras reactivas como insulinas- y que fueron retiradas de las farmacias por sujetos que desconocían a los afiliados. En algunos casos se constató que la cantidad de productos adquiridos era inferior a la dispensada por la farmacia.

Se trata de insumos de alto costo que están cubiertos íntegramente por la Obra Social de los Jubilados y Pensionados. Por ejemplo, la insulina Apidra Solostar hoy cuesta $34.242,08 y las tiras reactivas One Touch Ultra dispensadas por 100 unidades cuestan $9.076,98.

Para finalizar, cabe recordar que Becerra es intendente desde 2019 y ganó la elección como candidato del oficialismo provincial con el 63% de los votos, lo votaron 196 personas. En tanto, Saladillo es una pequeña localidad del departamento Pringles, ubicada a 33 kilómetros de La Toma y a 54 de la ciudad de San Luis.

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