Revelan polémica estructura de compras “paralela” de Marcos Koopmann en la Legislatura

Unos 60 empleados de la Legislatura de Neuquén presentaron un recurso administrativo contra una decisión del vicegobernador Marcos Koopmann que creó en mayo una suerte de estructura de compras “paralela” que se quedó a cargo de la gestión de donaciones, subsidios y cortesías que gestiona la institución, además de la administración de su parque automotor.

El trámite fue iniciado el 8 de junio de este año y fue impulsado sin el patrocinio del sindicato ANEL sino bajo las firmas de trabajadores, en su mayoría con tareas jerárquicas como directores, jefes de división y jefes de departamento.

La resolución contra la que presentaron el recurso de reconsideración es la 210 del 23 de mayo de este año que firmaron Koopmann y su secretaria legislativa, Aylen Martín Aimar. La funcionaria aseguró al diario Río Negro que será derogada y que, frente al reclamo, nunca había llegado a tener aplicación efectiva.

La norma le asignó nuevas misiones y funciones a la Coordinación Administrativa que depende de la Dirección General de Administración, a cargo de Claudio Vázquez, y de la Prosecretaría Administrativa de Jorge Acuña, y le creó un organigrama propio. El fundamento fue adecuar la normativa a las “nuevas tareas específicas” desarrolladas por el área, entre las que mencionó las de gestionar compras de bienes y servicios y realizar el control, administración y gestión vehicular del parque automotor de la Legislatura.

La decisión generó malestar entre la planta de empleados, quienes evalúan la medida como la creación de una estructura de compras “paralela”, con menor control, especialmente en un contexto donde Koopmann participa activamente de actividades de campaña como precandidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En el recurso, al que accedió el diario Río Negro, cuestionaron sobre la resolución que “no se advierten razones ni circunstancias que la puedan motivar”, a lo que sumaron que no hubo intervención de la Asesoría Letrada, ni de la Auditoría Interna de la Legislatura, “omitiéndose así contar con el dictamen del servicio jurídico permanente y con el informe contable requerido” por la normativa.

Además, plantearon que la resolución dice “necesaria” la revisión, modificación y actualización de las misiones y funciones de la Coordinación Administrativa, “algo que es necesario para todas las áreas, sin por ello construir estructuras”. “Muchas áreas han cambiado/transformado sus funciones y necesitan esta revisión y desde fines de 2020 se está hablando de este tema, pero a la fecha no sucedió, y no se permitió presentar propuestas de modificación de estructura”, advirtieron.

Según se anticipó desde la Legislatura, en estos días se concretará la derogación y será comunicada a los empleados. Argumentaron que el recurso no fue respondido porque el receso invernal corrió los plazos administrativos, que son de 20 días hábiles desde la presentación.

Unos $188,3 millones le asignó el presupuesto 2022 al programa Legislatura Activa que incluye difusión institucional, eventos culturales, ferias y cursos.

Entre las funciones que le asignó Marcos Koopmann a esta Coordinación Administrativa figuran las de “tramitar la adquisición de bienes y servicios relacionados con los conceptos de cortesías, premios, adhesiones, subsidios y otros similares, como así también, bienes y servicios menores y de necesidad inmediata, que demande la institución legislativa”.

También la de “intervenir en la planificación y ejecución de la gestión de compras, de la contabilidad, de la administración de fondos, de la gestión de bienes y del despacho administrativo del Poder”, además de la gestión del parque automotor de la Legislatura y coordinar internamente la Comisión Asesora de Preadjudicación.

Este año hubo una renovación de unas 18 camionetas por modelos pick up 0 kilómetro de Renault Alaskan y Nissan Frontier, pero el llamado a licitación se publicó como desierto y no se informó vía qué mecanismo se realizó la adquisición.

El recurso administrativo está en la asesoría letrada que tiene Daniela Bermúdez Leyba desde el 9 de junio, aún sin resolver. El plazo, que según se indicó al diario Río Negro que publicó esta exclusiva, está vencido, era de 20 días hábiles desde la fecha de presentación.

Fuente: Andrea Durán / Diario Río Negro