31 años del atentado a la AMIA: impunidad, encubrimiento y reclamos de verdad

El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la calle Pasteur 633, en pleno barrio porteño de Once. La explosión provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, convirtiéndose en el atentado terrorista más grave de la historia argentina y el mayor ataque contra una comunidad judía fuera de Israel.

A 31 años del hecho, el caso continúa sin resolverse plenamente. La investigación estuvo marcada por irregularidades, encubrimientos, acusaciones cruzadas y la ausencia de condenas firmes, lo que alimenta un profundo reclamo de justicia por parte de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

La explosión destruyó por completo el edificio de la AMIA y afectó seriamente las construcciones cercanas. La primera investigación estuvo a cargo del juez federal Juan José Galeano, junto con los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia. Pronto surgieron indicios que vinculaban el atentado al grupo extremista libanés Hezbollah, presuntamente con apoyo del gobierno de Irán. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes impidió avanzar con solidez en esa línea.

Encubrimiento y manipulación judicial

En 2001 se destapó uno de los mayores escándalos del caso: el juez Galeano había pagado 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín, un comerciante de autos usados, para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en la entrega del vehículo que se utilizó como coche bomba. Este hecho fue considerado una maniobra de encubrimiento judicial y derivó en la causa paralela conocida como "AMIA II", que investiga las maniobras para desviar la investigación original.

Además, se abandonaron líneas de investigación como la llamada "pista siria", que apuntaba a personas vinculadas con ese país, sin agotar las instancias probatorias.

Un crimen de lesa humanidad

En 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó el atentado como crimen de lesa humanidad, y responsabilizó al Estado iraní por su planificación, a través del accionar de Hezbollah. La decisión judicial, sin embargo, no estuvo acompañada por pruebas directas, lo que generó controversia tanto a nivel nacional como internacional.

La muerte de Alberto Nisman

Otro capítulo clave en la causa fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015, pocas horas antes de presentar ante el Congreso una denuncia formal contra altos funcionarios del gobierno argentino por presunto encubrimiento del atentado. 

Nisman fue hallado sin vida en su departamento con un disparo en la cabeza. Aunque inicialmente se habló de suicidio, con el tiempo surgieron fuertes sospechas de asesinato, lo que sumó nuevas capas de impunidad e incertidumbre al caso AMIA.

Principales implicados: A lo largo de tres décadas, varios nombres fueron señalados como responsables o cómplices en la ejecución o encubrimiento del atentado:

• Carlos Telleldín: entregó la camioneta Trafic usada como coche bomba. Fue acusado y luego absuelto. Su testimonio fue manipulado con dinero.

• Juan José Galeano: juez destituido por su rol en el encubrimiento y pago ilegal a Telleldín.

• Hugo Anzorreguy: exjefe de la SIDE, acusado de encubrir la verdad y desviar la investigación.

• Rubén Beraja: expresidente de la DAIA, investigado por su presunta participación en el encubrimiento.

• Jorge "Fino" Palacios: exjefe de la Policía Federal, implicado en la alteración de pruebas.

• Carlos Menem: expresidente de la Nación, señalado por entorpecer la investigación por sus vínculos con Siria.

La región conocida como Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) fue identificada por organismos de inteligencia como un área estratégica para las operaciones logísticas y financieras de grupos como Hezbollah. La falta de control estatal en esa zona permitió que se desarrollaran redes ilícitas que habrían facilitado el atentado.

A 31 años del atentado, la sociedad argentina continúa exigiendo justicia. La ausencia de condenas firmes, la manipulación judicial y las trabas políticas mantuvieron el caso en un limbo que alimenta la frustración colectiva. 

Los familiares de las víctimas, la comunidad judía y múltiples organizaciones continúan pidiendo que se esclarezcan los hechos y se juzgue a los verdaderos responsables.

La memoria del 18 de julio de 1994 sigue viva en Argentina como un símbolo de dolor, pero también de la lucha incansable contra la impunidad.

Fuente: Medios