Una pericia contable evidencia el perjuicio millonario por la estafa con planes sociales
La perito contable Agustina Martínez detalló movimientos bancarios, extracciones y cheques que, según la investigación, permitieron desviar casi $2.000 millones actualizados. La defensa anticipa que cuestionará la credibilidad de testigos la próxima semana.
El tribunal que lleva adelante el juicio por el escándalo de los planes sociales rechazó este miércoles un planteo conjunto de la defensa para excluir pruebas presentadas en un PowerPoint, que describen un supuesto "agujero negro" por donde se desviaban fondos de subsidios a cuentas particulares mediante depósitos de cheques y extracciones.
La contadora Agustina Martínez, perito del Ministerio Público Fiscal, resumió en su informe la teoría de la fiscalía sobre la presunta asociación ilícita, donde funcionarios y empleados habrían conocido la maniobra fraudulenta.
La defensa anticipó que presentará otra teoría la semana próxima: que la mayoría de los testigos y arrepentidos "mienten" y cambiaron sus declaraciones en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal para involucrar a las cúpulas políticas, abarcando el período entre septiembre de 2020 y julio de 2022.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, decidió mantener el informe pericial, argumentando que no se puede "reabrir el debate" sobre cuestiones ya resueltas en la audiencia de control de acusación.
La eventual afectación al derecho de defensa podrá ser cuestionada en instancias posteriores mediante apelación.
Informe pericial: cuentas, cheques y transferencias
La perito Martínez, con experiencia en el equipo contable del Ministerio Público Fiscal y en empresas privadas, realizó un análisis integral de los 14 imputados, sus movimientos contables y el perjuicio económico causado. Para ello, utilizó información de ARCA, informes bancarios, cheques físicos y digitales, Banco Provincia del Neuquén (BPN), la Unidad de Servicios Periciales y la base ROL-Nosis, abarcando inicialmente 198 cuentas vinculadas a beneficiarios y operadores del Ministerio de Desarrollo Social.
El informe reveló que el perjuicio histórico al Estado provincial asciende a $153.377.900, de los cuales $125.412.400 corresponden a extracciones con tarjetas de débito y $27.965.590 a cobros mediante cheques.
Actualizado a valores actuales según la tasa efectiva anual del BPN, el monto total llega a $1.947.719.216,40, reflejando la magnitud de los fondos públicos presuntamente desviados.
La pericia identificó un circuito paralelo de pagos, diferencias en nóminas, beneficiarios inexistentes o no registrados y cheques fraccionados para eludir controles bancarios.
Entre septiembre de 2020 y julio de 2022 se registraron 8.707 extracciones con tarjeta por un total de $125.412.400. Asimismo, se detectó una diferencia de hasta 1.000 planes entre lo registrado oficialmente y los movimientos bancarios, reflejando inconsistencias en la contabilidad.
El análisis incluyó 1.648 cheques por un total de $72.314.800, de los cuales 596 fueron contabilizados dentro del perjuicio, equivalente a $27.965.500. Se registraron patrones de cheques por montos como $49.000 y $49.500, diseñados para cobrarse sin alertas automáticas, y otros destinados a empresas y entidades locales.
En 2022, el BPN detectó irregularidades y alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre depósitos de cheques de subsidios en cuentas de exempleados, lo que marcó el inicio de la investigación judicial. Las pericias caligráficas también identificaron firmas en los endosos que no coincidían con los registros oficiales.
Conclusiones y próximas instancias
Entre los hallazgos más importantes, Martínez destacó: beneficiarios que nunca cobraron pese a figurar en nóminas, personas que sí cobraron pero no estaban registradas, discrepancias entre montos consignados y pagos efectivos, y diferencias entre la cantidad de pagos y los registros contables.
El tribunal aclaró que la eventual contradicción entre declaraciones y el informe pericial no justifica excluir el material, que será valorado al momento de dictar la sentencia.
Respecto de los correos electrónicos vinculados a los hechos investigados, solo se admitirán aquellos con clara vinculación con la acusación, dejando fuera el resto. Esto garantiza que las pruebas más sensibles del juicio permanezcan sobre la mesa, mientras se mantienen abiertas futuras impugnaciones.
Fuente: Medios
Cerca de 350 estatales neuquinos cobraban planes sociales
