Tres años de prisión condicional y trabajo comunitario: Las primeras condenas

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo pleno alcanzado entre la Fiscalía de Delitos Económicos y los defensores de dos imputados en la mega causa de la estafa con planes sociales. De esta forma, evitaron ir a juicio, previsto para julio.

Rodolfo López y Adrián Meza Lizama fueron declarados penalmente responsables por integrar una asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y utilización de tarjeta de crédito sin debida autorización de titular.

Como consecuencia, fueron condenados a una pena de tres años de prisión condicional. También deberán respetar una serie de reglas de conductas impuestas por Balderrama y 12 horas mensuales de trabajo comunitario durante los tres años.

La decisión se dio a conocer en una audiencia desarrollada este jueves a la mañana. "El juez penal en los procedimientos abreviados tienen una función compleja porque, por un lado, tenemos que visualizar que efectivamente estén correctamente asistidos, que posean una defensa eficaz, que comprendan los alcances, que los imputados asuman la responsabilidad de los hechos y sepan qué pena se les va a imponer", planteó el juez.

"El otro elemento -continuó- es tomar toda la información y pensar que habría ocurrido en un juicio, evaluar si con el rendimiento de esa información aportada por los acusadores, y determinar si suficiente para declarar la responsabilidad". En ese sentido, consideró razonable el acuerdo presentado dentro de los términos previstos por el código procesal penal.

Previamente, el magistrado se refirió a los antecedentes del caso y manifestó que "muchas veces reclamamos y ponemos sobrevalor a los principios del procedimiento penal, es decir, celeridad, economía procesal, efectividad en la resolución del conflicto. Entonces, cuando observamos la posibilidad de solucionar el conflicto primario, debemos hacerlo".

Estafa con planes sociales: fecha del juicio

La causa madre que investiga el desvío sistemático de fondos del Ministerio de Desarrollo Social ya tiene fecha de inicio de juicio: el 21 de julio. La jueza de Garantías Carina Álvarez definió, tras nueve jornadas de control de acusación, que serán 15 los imputados que llegarán a esa instancia, con una lista de 211 testigos y peritos que declararán ante el tribunal.

El juicio estará a cargo de los jueces Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita, y se extenderá hasta el 5 de septiembre, según las estimaciones judiciales. La magnitud del proceso judicial refleja la complejidad del caso y el volumen de pruebas que serán analizadas.

Según la investigación, el esquema funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, quienes ocupaban cargos clave en la administración de los planes sociales.

Debajo de ellos, la pirámide se completaba con colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios que habrían participado en la ejecución del fraude, el cual involucra 9.303 estafas con fondos públicos.

Dado el volumen de la causa y la cantidad de imputados, se espera un debate extenso, que podría prolongarse por más de dos meses. Mientras tanto, el escándalo de los planes sociales sigue generando repercusiones en la provincia, dejando en evidencia las fallas del sistema de control sobre los fondos públicos.

Fuente LMNeuquén