Planes sociales: revelan que los imputados fueron alertados y sellaron un pacto de silencio

En la octava jornada del juicio por estafas con planes sociales en Neuquén, surgieron declaraciones que sacudieron la sala de audiencias. Una exempleada del Ministerio de Desarrollo Social (sobreseída en la causa y testigo colaboradora del Ministerio Público Fiscal) aseguró que los imputados fueron advertidos de los allanamientos un día antes de los operativos realizados en agosto de 2022. 

Según su testimonio, recibieron instrucciones de entregar sus teléfonos celulares a sus jefes, guardar silencio y mantener la unidad del grupo.

"La indicación era que nadie hablara, porque todo era político y esto iba a pasar. Pero no pasó", expresó la mujer, quien pidió no ser identificada públicamente durante el juicio.

Teléfonos entregados y pruebas registradas

En los dispositivos entregados por los imputados se encontraron llamadas, mensajes y grabaciones que habrían sido realizadas incluso durante encuentros privados con funcionarios de la Dirección de Planes Sociales.

Una de esas grabaciones fue mencionada en la audiencia: una conversación entre la testigo y Pablo Sanz, uno de los principales implicados, que ella habría registrado luego de sospechar que existía una investigación en curso.

Según relató, en ese contexto recibió amenazas encubiertas y presiones para no "salirse del libreto", bajo el argumento de que, si alguien lo hacía, el resto lo señalaría judicialmente. El mensaje era claro: "mantenerse unidos como una familia" y no traicionar al grupo.

El rol del abogado Cury y el aviso de los allanamientos

Uno de los momentos más tensos de la jornada se dio durante un cruce entre el fiscal Pablo Vignaroli y el abogado Alfredo Cury (defensor de varios imputados), quien fue señalado por la testigo como la persona que les anticipó los allanamientos y les dio la orden de entregar los teléfonos. Cury había sido también su abogado en los inicios del escándalo.

Durante el debate, Cury lanzó una frase llamativa: "¿Quién me avisó a mí que se venían los allanamientos? ¿Fueron ellos (por la fiscalía) o el doctor Gerez?", en alusión al fiscal general.

La testigo dijo no recordar esa conversación, pero la pregunta dejó abierta la incógnita sobre cómo se filtró la información sobre los procedimientos judiciales.

Extracciones con tarjetas ajenas y presión en el trabajo

La testigo relató que realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos utilizando tarjetas a nombre de beneficiarios de planes sociales. El dinero era entregado a referentes como Pablo Sanz o Ricardo Soiza, jefes de la estructura que operaba en el Ministerio. Las extracciones se hacían fuera del horario laboral o los fines de semana, en autos y por turnos.

"El dinero se contaba, se ponía en una caja azul, y cuando llegábamos a 100.000 pesos, le ponían una liguita", contó. La testigo dijo que nunca se negó, por temor a represalias internas. "No quería tener problemas con nadie".

Aportó también que algunas tarjetas eran retenidas por los cajeros, lo que generaba retos o sanciones internas. "Si te retenían la tarjeta, Pablo te llamaba la atención", recordó.

Un ambiente de miedo, presiones y silencio

La mujer señaló que el clima laboral era hostil y verticalista, con presiones constantes por parte de algunos referentes. "Nosotros éramos los de más abajo y nos teníamos que quedar callados", declaró.

Indicó que recibieron 100.000 pesos en efectivo como ayuda económica luego de ser desvinculados del Estado, bajo la promesa de que serían reincorporados en diciembre de 2022. Esa promesa nunca se cumplió.

También denunció que fue despedida por Resolución 461/2022 luego de que imágenes suyas fueran incluidas en un informe de prevención de fraudes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), fechado en agosto de 2020. El mismo documento fue clave para iniciar la causa, tras detectar movimientos inusuales y uso indebido de tarjetas en los cajeros.

Una red con conexiones políticas

La testigo comenzó a trabajar en 2016 y relató cómo fue pasando de tareas administrativas básicas a procesar solicitudes de planes sociales. Estas llegaban a través de punteros políticos, muchos del Movimiento Popular Neuquino (MPN) o agrupaciones barriales como "Jerusalén".

Los cheques eran endosados por los empleados y entregados a estos referentes, y la validación cruzaba datos con ANSES antes de ser aprobada por Ricardo Soiza.

El juicio por la estafa con planes sociales continúa con testimonios clave que podrían comprometer aún más a los imputados y revelar nuevas aristas del entramado político y judicial detrás de la maniobra.

Fuente: Medios