A cuatro años de la tragedia en Aguada San Roque, los condenados siguen libres
Tras cuatro años de la explosión que mató a tres personas en una escuela de Aguada San Roque, los condenados siguen en libertad y la causa judicial podría estancarse durante años. Las familias aún esperan justicia efectiva.
Ninguno de los cinco condenados por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, que dejó tres muertos en 2021, está preso. Aunque recibieron penas de hasta cinco años de prisión, el fallo aún no está firme y el proceso judicial podría extenderse por años.
A pesar de la gravedad de los hechos, algunos continúan trabajando en la administración pública.
Esta semana, el Tribunal de Impugnación comenzará a revisar las condenas dictadas en febrero. Serán audiencias clave, donde tanto las defensas como las querellas buscarán modificar el fallo: las primeras apuntan a reducir penas o lograr absoluciones, mientras que las segundas reclaman condenas más duras y que se anule la absolución de uno de los acusados.
Las penas impuestas en febrero:
Sergio Percat (inspector de Obras Públicas): 5 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y profesional.
Diego Bulgheroni (arquitecto de Arte Construcciones): 4 años y medio de prisión.
Carlos Córdoba y Raúl Capdevila (directores de Obras Públicas): 4 años de prisión e inhabilitaciones perpetuas.
Héctor Villanueva (dueño de la constructora): 3 años de prisión en suspenso.
Roberto Deza, ex subsecretario de Obras Públicas, fue absuelto. Las querellas exigen revertir esa decisión.
La explosión fue consecuencia de una obra realizada con graves irregularidades: contratos precarios, falta de controles, operarios no registrados y un gasista no matriculado convocado informalmente. Así murieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
El tribunal de juicio fue severo con el Estado provincial: "No se iniciaron sumarios ni se removió de sus cargos a los funcionarios imputados", afirmaron los jueces.
La revisión judicial actual puede escalar hasta el Tribunal Superior de Justicia y, eventualmente, la Corte Suprema. Mientras tanto, las familias siguen esperando justicia efectiva.
La justicia efectiva sigue siendo una deuda pendiente.
Fuente: Medios
