Juicio por planes sociales: rompió el silencio el supuesto jefe de la banda, Marcos Osuna

Después de cinco semanas de audiencias, el juicio por la estafa con planes sociales de Neuquén inició una nueva etapa, con la declaración de los testigos citados por las defensas de los 14 imputados de haber desviado fondos públicos que estaban destinados a subsidios para desocupados. Este viernes rompió el silencio Marcos Osuna, el ex jefe de informática de la Dirección de Planes Sociales y señalado por la Fiscalía como jefe de una banda criminal.

La audiencia comenzó con la declaración de dos testigos allegados a Osuna, que fueron citados por su defensor, Juan Pablo Piombo, y que dieron detalles sobre la formación, el carácter, la rutina laboral y el estilo de vida del imputado. Coincidieron en que ingresó a trabajar a la administración pública a través de una pasantía ad honorem, pasó luego a planta política y finalmente, en 2015, quedó en planta permanente.

Osuna terminó la educación media en una escuela técnica y cursó un terciario que le permitió graduarse como Analista de Sistemas e iniciar una pasantía ad honorem en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Aseguró que, después de esos tres meses y como destacaron su labor, se quedó trabajando en las oficinas hasta su paso a planta permanente, en 2015.

Al principio, se dedicaba al arreglo de computadoras y tareas de mantenimiento, aunque luego, por la reducción del equipo al conformar un área específica de Planes Sociales, empezó a realizar tareas administrativas, que incluían el paso de los listados de beneficiarios de planes sociales a sistemas informáticos. Al ingresar, habló con Ricardo Soiza, su jefe y también imputado en la causa, para obtener un puesto de Jefe de Departamento con la intención de cobrar un poco más que el resto de los trabajadores rasos de la administración pública.

En su declaración, Osuna admitió haber cobrado cheques endosados y también otros confeccionados a su nombre. "Me pareció algo habitual porque yo ya había cobrado cheques para repartir efectivo en el interior", dijo en relación a un proceso conocido como "cheques globales", que se usaban para pagar subsidios o planes sociales en parajes o localidades pequeñas del interior, donde muchos usuarios no estaban bancarizados o no tenían acceso a sucursales.

Responsabilidad y enriquecimiento

El ex Jefe de Departamento aclaró que se sentía "un empleado más", y agregó que nunca tuvo personal a cargo ni coordinaba extracciones de dinero, negando así la hipótesis planteada por la Fiscalía. A su vez, agregó que no reclutó a personas para integrar los listados de subsidios por desempleo, pese a que tenía familiares y amigos desocupados.

Tanto él como otros testigos citados por Piombo coincidieron en que el imputado no se enriqueció durante el período investigado. Mientras que la Fiscalía presentó indicios de enriquecimiento para otro de los acusados -Pablo Sanz, ex director de Fiscalización, y su pareja - el caso de Osuna es muy distinto: declaró no tener auto ni casa propia y también mencionó que realizaba trabajos eventuales después de su horario laboral en la provincia.

Sí admitió haber destinado plata a las apuestas en casinos online. "Juego desde que empezaron a ser online, en 2010, es mi único pasatiempo", dijo y agregó que destinaba entre el 10% y el 15% de sus ingresos a estos juegos de azar, ya que no dedicaba fondos a pagar salidas o comer en restaurantes.

El ex Jefe de Departamento aclaró que se había matriculado como instalador de aires acondicionados. Por eso, cuando salía de las oficinas de Desarrollo Social, después de las 3 de a tarde, aceptaba trabajos extra. Se dedicaba a arreglar computadoras y celulares o instalar equipos de climatización, algo que "dejaba buena plata", según su declaración.

Las "ayudas" en efectivo: el caso Garbarino

Tal como declararon otros testigos citados por la Fiscalía, Osuna recordó que el dinero se retiraba en efectivo y se entregaba a Pablo Sanz o su secretaria, Lucía Soto, que administraban los pagos. El imputado negó haber confeccionado o conocer la contabilidad de la "caja azul", que fue presentada como prueba por los fiscales, pero sí admitió haber realizado algunos pagos.

Según explicó, utilizó montos en efectivo para pagar ayudas sociales a los ex trabajadores de Garbarino, una empresa de electrodomésticos que se había declarado en quiebra y había dejado a decenas de personas sin salida laboral. "Eran unos 400 mil o 500 mil pesos para pagar a los empleados", dijo Osuna, que señaló que cada uno recibía 10 mil pesos y que él les solicitaba un recibo por el pago.

Sin embargo, agregó que esos aportes no formaban parte de los listados formales de beneficiarios de planes de desempleo. "Ya había pasado antes, con casos como Interlagos o una planta de agua en el interior. Las ayudas pasaban por una decisión política del área o directamente por el gobernador", dijo y agregó que, en este caso, recibió la orden de Soiza de hacer esos pagos en efectivo.

El pago de planes y los punteros

Los testigos citados este viernes, que pidieron resguardo para su identidad, coincidieron en que Osuna se destacaba por su personalidad calmada, sin exabruptos ni enojos. Por eso, el propio imputado señaló que también le agregaron la función de atender al público en las oficinas de Desarrollo Social, ya que tenía la habilidad para manejar a ciertos referentes barriales que tenían un carácter difícil.

Osuna identificó a Villalobos y otros referentes barriales o líderes de organizaciones sociales. "Por el conflicto que hubo con los punteros, nos pidieron que no cobraran más ellos, y por eso lo hacíamos nosotros", dijo y agregó que no se opuso al nuevo método porque ya había hecho una práctica similar con los cheques globales en el interior y no había tenido consecuencias negativas.

"Esto es muy político", dijo Osuna y agregó que se determinaba un monto total para pagar a una organización social o un puntero específico. "Si se le designaban 100 mil pesos, él decidía si sumar a 100 personas por mil 0 50 por dos mil", dijo y que el rol de los empleados de Desarrollo Social era sólo controlar la documentación presentada, verificar que no se repitan beneficiarios y chequear que se respete el monto total.

Fuente Medios