Juicio por la estafa de planes sociales: cómo funcionaba el sistema que desvió mil millones

Este jueves se desarrolló la cuarta jornada del juicio por la millonaria estafa con planes sociales que involucra al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. El proceso apunta a reconstruir cómo se desvió, de forma fraudulenta, un monto que actualizado ronda los mil millones de pesos, originalmente destinado a la asistencia de personas desocupadas.

Aunque el Ministerio Público Fiscal y las defensas decidieron prescindir de algunos testimonios, se prevé que cerca de 200 personas declaren en total para esclarecer el funcionamiento del entramado.

Durante esta jornada, brindaron testimonio un perito caligráfico, un gerente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), dos empleados del Ministerio de Desarrollo Social y el actual subsecretario de Modernización de la provincia, Juan Manuel Morales. Todos aportaron detalles clave para entender el circuito administrativo que permitía realizar los pagos de los subsidios.

Cómo funcionaba el sistema de pago

Pablo Rondríguez Brandisi, exgerente de Operaciones del BPN, explicó que el Ministerio podía solicitar aperturas masivas de cuentas, mediante un simple listado con nombre, apellido y DNI. Luego, cada beneficiario debía activar su cuenta en persona. Sin embargo, según se supo en audiencias anteriores, algunos empleados del banco activaron cuentas sin cumplir con todos los requisitos, lo que derivó en sanciones internas.

El Ministerio de Desarrollo Social utilizaba la plataforma "BPN Gestión Empresas" para emitir órdenes de pago desde su cuenta corriente, con firmas autorizadas de funcionarios como Luis María Gallo, Julieta Oviedo y Laura Mastronardi.

Un sistema digital propio bajo la lupa

Martín Gómez, quien trabajaba en Tesorería, explicó que los listados de beneficiarios se cargaban en un sistema llamado ADMIX, diseñado por Carlos Basain. Este software era exclusivo del Ministerio y su base de datos estaba en un CPU físico, resguardado bajo llave. Gómez mismo facilitó su acceso durante un allanamiento en 2022.

Juan Pablo Celeste, exdirector de Informática, declaró que el sistema estaba "obsoleto" y con "poca capacidad de expansión", aunque no fue reemplazado por falta de decisión política. También afirmó que se propuso respaldar la información en servidores de la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación), pero nunca se concretó.

Juan Manuel Morales, actual subsecretario de Modernización, señaló que el sistema de gestión documental digital (GDE) ya estaba disponible desde antes, pero no todos los empleados ni funcionarios lo usaban. Algunos tenían cuentas habilitadas pero no las utilizaron; otros directamente no tenían perfil activo.

La causa

En el banquillo hay 14 imputados, incluidos exministros, directores y empleados del Ministerio, además de particulares. La Fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita jerarquizada, que se aprovechó de los mecanismos de pago para desviar los fondos.

Entre los principales acusados están Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler, quienes habrían operado como organizadores del fraude. Los tres primeros ya cumplieron prisión preventiva domiciliaria.

El juicio sigue en marcha y se espera que en las próximas audiencias se profundice en el análisis de la prueba documental y pericial, en busca de responsabilidades concretas dentro de uno de los escándalos más grandes en la administración pública neuquina.

Fuente: Medios.