Planes sociales: piden la absolución de una imputada y denuncian prejuicios de género

En el tramo final del juicio por las presuntas estafas con planes sociales en Neuquén, la audiencia de este martes tuvo como protagonista a Isabel Montoya (31), viuda y madre de tres hijos. La Fiscalía la acusa de haberse beneficiado con dinero de los planes sociales y montar un centro de estética en Centenario. Sin embargo, su defensora, Laura Giuliani, sostuvo que no hay pruebas firmes y que el caso se construyó en base a "chusmeríos telefónicos" y a su vínculo sentimental con Pablo Sanz.

La defensa pidió la absolución de Montoya y cuestionó el rol del Ministerio Público Fiscal, al que acusó de discriminación y de no aplicar perspectiva de género. Giuliani remarcó que la acusada nunca se enriqueció ni dejó de estar en situación de vulnerabilidad. 

"Isabel no está en este juicio por azar, sino porque la Fiscalía decidió que debía ser parte solo por ser la pareja de Sanz", aseguró.

La defensora también expuso el impacto social y familiar del proceso: los hijos de Montoya sufrieron bullying escolar a raíz de la mediatización del caso. "Se les hizo mucho daño, no pueden ir tranquilos a la escuela", señaló, mientras su defendida rompía en llanto.

El alegato se volvió especialmente crítico al recordar que uno de los fiscales, Juan Manuel Narváez, sostuvo que Montoya había tenido "suerte" de poder abrir un centro de estética. Para Giuliani, ese planteo fue "cargado de prejuicios" y reforzó la necesidad de aplicar perspectiva de género en el proceso.

La defensa concluyó que las extracciones bancarias atribuidas a Montoya fueron realizadas a pedido de Sanz y que no hubo lucro personal.

Otros alegatos de defensa

• Valeria Honorio: su defensora, Carolina Johansen, negó que existieran pruebas de enriquecimiento ilícito. Afirmó que el dinero y los bienes atribuidos a la imputada tienen explicación patrimonial legítima, e insistió en su absolución junto a la de Fernando Cardozo Redigor.

• Emmanuel Victoria Contreras: su abogado, Elio García, señaló que fue involucrado solo por haber estado dentro de un cajero automático y denunció que la causa fue "sobremediatizada y sobrepolitizada". También relativizó las planillas de "voto seguro" encontradas en su domicilio, al afirmar que son habituales en cualquier campaña electoral.

Tras 32 audiencias y 72 días de juicio, los imputados se preparan para dar su "última palabra" antes de que el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dicte sentencia.

Fuente: Medios