Muertes por fentanilo contaminado: ponen en la mira a la ANMAT y a siete funcionarios
La Justicia ordenó operativos en la sede del organismo y en casas de siete funcionarios, en el marco de la investigación que ya suma 96 víctimas fatales. Buscan determinar responsabilidades por la falta de control al laboratorio HLB Pharma.
En el marco de la causa por el fentanilo contaminado que ya provocó 96 muertes en el país, este lunes al mediodía la Justicia realizó allanamientos en la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) y en domicilios de siete funcionarios, por orden del juez federal Ernesto Kreplak.
Los operativos apuntan a determinar la posible falta de controles sobre el laboratorio HLB Pharma, eje de la investigación.
Según informaron, entre los domicilios allanados se encuentran los de la administradora de la ANMAT, Agustina Bisio; la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; la directora de fiscalización y gestión de riesgo, Ana Laura Canil; la directora de poscomercialización y acciones regulatorias, Mariela Baldut; y el jefe de inspectorado, Maximiliano Lalín. Además, la Justicia ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de Bisio y Mantecón Fumado.
El objetivo de los procedimientos es reunir pruebas sobre las responsabilidades de la autoridad sanitaria en la fabricación, comercialización y falta de retiro del fentanilo contaminado.
La investigación
La fiscal federal Laura Roteta abrió en agosto una investigación para evaluar la responsabilidad de la ANMAT en el caso, señalando una "ineficiencia recurrente" de los organismos de control que podría constituir negligencia, connivencia o complicidad.
La pesquisa está vinculada con la causa que llevó a la detención de Ariel García Furfaro -dueño de HLB Pharma- y de otros nueve directivos y responsables técnicos. A Furfaro se le imputan delitos con penas de entre 10 y 25 años de prisión.
El laboratorio ya había recibido una orden de clausura en 2019 por graves fallas en la producción, pero la medida nunca se ejecutó. Años más tarde, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las plantas de García Furfaro incluso se expandieron y participaron en gestiones vinculadas a la compra de vacunas Sputnik en plena pandemia.
El caso expuso fallas críticas en los controles estatales: la ANMAT inspeccionó la planta de Ramallo apenas seis días antes de que se produjera el lote contaminado, pero la suspensión total de actividades llegó meses después.
Fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizan ahora el material secuestrado para determinar eventuales delitos por negligencia o complicidad.
Fuente: Medios
