Estafa con planes sociales: sin acuerdo, dos de los imputados enfrentarán el juicio

 El juez Cristian Piana rechazó el acuerdo presentado entre la fiscalía y la defensa de dos imputados en la causa por estafa con planes sociales, quienes habían admitido su participación en los hechos. A diferencia de otros involucrados que lograron acuerdos para evitar el juicio, estos dos acusados, señalados como parte de una asociación ilícita que lucraba con asignaciones sociales, deberán enfrentar el proceso judicial. 

Cabe recordar que esos acuerdos fueron cinco. Beneficiaron a aquellos integrantes de la causa que reconocieron que desempeñaron el rol de extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar esa recaudación a los imputados a los que les atribuyen mayor responsabilidad.

Según informaron desde la Fiscalía, este acuerdo incluía cientos de ilícitos como ser el cobro de 264 cheques por un monto aproximado de $ 12.700.000 -en un caso- y por el cobro de 103 cheques por un monto aproximado de $ 4.900.000 -en el otro caso- "todo esto a montos históricos".

Piana tomó esta determinación basado en que, además de aceptar la responsabilidad y acordar una condena de tres años de prisión en suspenso y, entre otras medidas, la realización de tareas comunitarias durante ese período por parte de los imputados, no se consideró en la propuesta una reparación o una recuperación acorde al daño causado, por lo que no era posible homologar dicho acuerdo, ya que el mismo carecía de proporcionalidad o razonabilidad con respecto a la cantidad de ilícitos cometidos y el monto de los mismos.

La presentación había sido días atrás cuando el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y la asistente letrada Agustina Jara, presentaron los acuerdos de pena para imponer dos nuevas condenas en la investigación por las estafas con planes sociales.

Los acuerdos solicitados comprendían a Adrián Alfredo Meza Lizama, cuyo rol fue aceptar los subsidios de manera fraudulenta; y Rodolfo Andrés López, quien participaba en la extracción de dinero mediante cheques y tarjetas de débito sin autorización. 

El fiscal del caso y la asistente letrada detallaron que el perjuicio ocasionado por López fue de $12,7 millones; y en el caso de Lizama por $4,9 millones.

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el pedido para Lizama había sido de 3 años de prisión en suspenso con 360 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 5). 

En tanto, para López solicitaron 3 años de prisión en suspenso, 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 4).

Narváez había sostenido que la pena es justa y proporcional con el principio de culpabilidad. Ý aunque había dicho que el acuerdo permitiría a la fiscalía "optimizar los recursos y centrarse en los niveles superiores de esta asociación ilícita", no fue admitido.

Se buscaba que ambas penas se sumaran a las que ya se impusieron a cinco acusados y acusadas en septiembre del año pasado y que fueron similares: éstas comprendieron a Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea.

Los mencionados, aceptaron haber integrado la asociación ilícita y hacer tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra. Las demás personas imputadas en el caso irán a juicio.

Fuente: Medios.