Estafa con planes sociales: un juicio que destapa entramados dentro del Ministerio
La Justicia investiga cómo fondos destinados a subsidios por desocupación terminaron en manos de empleados del propio ministerio. Además, se secuestraron objetos llamativos en un restaurante vinculado a uno de los acusados.
En la decimotercera audiencia del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, este miércoles, dos efectivos del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial ampliaron detalles clave sobre los allanamientos realizados en el Ministerio de Desarrollo Social.
Durante los operativos, se secuestraron documentos y dispositivos que revelan maniobras irregulares vinculadas al cobro de subsidios, entre ellos recibos de cheques emitidos a nombre de empleados del propio ministerio que no figuraban en los expedientes oficiales.
Uno de los testigos, el comisario Gerardo Sanzana, relató que el 7 de septiembre de 2023 se llevó a cabo un procedimiento en la sede de la Dirección de Planes Sociales. Allí, los investigadores incautaron el servidor con los listados del sistema Admix, además de notebooks, CPU, discos duros y documentación en papel. Una de esas hojas indicaba la entrega de cheques desde la cuenta bancaria del ministerio, firmados para ser retirados por el entonces director de Fiscalización, Pablo Sanz, hoy imputado.
También se secuestró un expediente que incluía recibos de subsidios por desocupación a nombre de personas que, en realidad, eran trabajadores del ministerio. Entre ellos figuran los nombres de varios imputados, como Valeria Honorio, Marcos Osuna, Pablo Sanz e Isabel Montoya.
La Fiscalía buscó determinar si había partes del expediente que faltaban, ya que algunos recibos podrían haber sido resguardados por el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.
El Faraón, la caja fuerte y el descargo de Soiza
Por otro lado, otro testigo de la División de Estafas y Defraudaciones declaró sobre los dispositivos secuestrados, incluyendo los encontrados en el restaurante "El Faraón", propiedad de Soiza. En ese lugar, señalado por testigos como una oficina paralela del Estado, la policía encontró una caja fuerte con un pasaporte uruguayo a nombre del imputado, billetes chilenos y otros documentos.
En una audiencia anterior, Soiza negó que el restaurante haya funcionado como base operativa de la estafa y aseguró que los objetos hallados, como los mástiles con banderas y el escritorio, fueron obsequios de un secretario de Estado, aunque no dio nombres. También intentó justificar el dinero secuestrado en el lugar, alegando que estaba destinado al pago de sueldos del personal del exministerio, afectados por la causa.
"Esa plata era para pagar los sueldos, después no sabía cómo hacer para conseguirla de nuevo", explicó. Soiza intentó dar su versión sobre hechos.
El juicio continúa y se espera que en las próximas audiencias se reproduzcan nuevas escuchas telefónicas, más de diez, que podrían aportar más evidencias sobre el funcionamiento de esta presunta red de corrupción.
Fuente: Medios.