Embargo millonario a la diputada Lorena Villaverde por venta irregular de terrenos
La candidata a senadora de La Libertad Avanza enfrenta una demanda por daños y perjuicios vinculada a la venta de lotes en un sector no habilitado. Su entorno denuncia un uso político de la causa.
La diputada libertaria Lorena Villaverde, cabeza de lista para el Senado de La Libertad Avanza en Río Negro, quedó en el centro de una causa judicial por la venta irregular de terrenos en Las Grutas. La jueza Karina Kozaczuk dictó un embargo preventivo por 50 millones de pesos sobre sus cuentas y bienes, en el marco de una demanda por daños patrimoniales, morales, punitivos y lucro cesante.
El expediente, caratulado SA-00223-C-2024 "Larreguy, Martín Nicolás; Cabral, Hugo Maximiliano; y González, Hugo Iván C/Villaverde, María Lorena S/ Daños y Perjuicios", tramita en el Juzgado Civil de San Antonio Oeste. La denuncia sostiene que Villaverde, a través de su inmobiliaria, vendió lotes en el barrio Tajamar que no contaban con habilitación municipal.
Desde el entorno de la diputada atribuyen el avance judicial a una maniobra política. Apuntan al gobernador Alberto Weretilneck y a "medios afines" por amplificar el caso en plena campaña electoral. Aseguran que "no es un tema político ni administrativo, sino un conflicto estrictamente entre privados" y que ya se lograron acuerdos extrajudiciales con otros damnificados.
El loteo realizado por la inmobiliaria de Lorena Villaverde no tiene autorización municipal.
Villaverde no desconoce el trasfondo: el loteo nunca fue habilitado por el municipio y, en el momento de las ventas, ejercía como concejal de San Antonio Oeste, incluso con aspiraciones a la intendencia por el partido Primero Río Negro. Esto abre la posibilidad de que haya utilizado su cargo para beneficiar su emprendimiento.
No es la primera vez que la legisladora enfrenta denuncias similares. En ocasiones anteriores optó por cerrar acuerdos económicos para evitar fallos en su contra. Esta vez, algunos compradores decidieron no negociar y continuar con la vía judicial, lo que derivó en la medida cautelar.
Por ahora, la diputada mantiene silencio público, pero su equipo confía en resolver el caso por la vía legal sin que afecte su actividad parlamentaria ni su proyección política. El episodio, sin embargo, vuelve a poner su figura en el centro del debate y ofrece a sus adversarios un argumento más en la disputa electoral que se avecina.
Fuente: Medios
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