Procesaron a 19 imputados por la desaparición forzada de Sergio Ávalos

A más de 22 años de la desaparición del estudiante universitario Sergio Ávalos en la ciudad de Neuquén, la Justicia Federal dictó el procesamiento de 19 personas por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. La medida fue dispuesta por el juez federal Gustavo Villanueva, quien ya había tomado declaración indagatoria a los imputados y realizado distintas diligencias investigativas.

Durante la tarde de este lunes, el Juzgado Federal N.º 2 emitió las notificaciones correspondientes, que serán entregadas por fuerzas de seguridad nacionales. La resolución también incluye la prisión preventiva para varios de los acusados, aunque en la mayoría de los casos se aplicaron embargos económicos y otras restricciones que podrían evitar detenciones efectivas.

Dos grupos, distintas responsabilidades

Según la resolución judicial, los imputados fueron divididos en dos grupos según el grado de responsabilidad atribuido en los hechos.

Como coautores del delito de desaparición forzada, fueron procesados:

• Osvaldo Daniel Carracedo

• Roberto Alejandro Costa

• María Alejandra Siboldi

• Irene Esther Fuentes

• Juan Darío Arévalo Smith

• José Luis Flores

• Alfredo Humberto Cortínez

• Pedro José Sepúlveda Palacios

• Eugenio Alejandro Tarifeño

• Rubén Ángel Ferreira

• Patricio Sesnich

En tanto, como partícipes necesarios, fueron procesados:

• Diego Alberto Herman

• Cristian Rubén Cepeda

• Rubén Gustavo Escobar

• Pablo Martín Fantón

• María Teresa Monsalve

• Ítalo Edgardo Soto

• Pedro Ángel Pacheco

• Pedro Raúl Nardanone

El juez también ordenó embargos preventivos millonarios, entre ellos uno por 42 millones de pesos contra Pedro Raúl Nardanone, ex dueño del boliche Las Palmas, donde Ávalos fue visto por última vez.

Restricciones para evitar fugas

Aunque no todos los procesados serán detenidos de forma inmediata, el juez dispuso medidas estrictas para evitar fugas: prohibición de salida del país, obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia y la imposibilidad de ausentarse por más de diez días de sus domicilios sin autorización judicial. En el caso de Pablo Martín Fantón, quien reside en Paraguay, Interpol será la encargada de notificarlo y supervisar sus movimientos.

Este martes se sabrá si todos los imputados fueron debidamente notificados o si será necesario emitir pedidos de captura u otras medidas adicionales.

Militares, policías y personal del boliche

Entre los procesados hay militares retirados, policías en actividad y retirados, empleados y encargados de seguridad privada del boliche Las Palmas, local en el que Ávalos fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003. 

De acuerdo al expediente, el boliche funcionaba bajo un sistema cerrado de vigilancia con cámaras, radios handy, estructuras de control y un "cuartito de seguridad" donde, según testigos, se golpeaba a clientes con conocimiento de los encargados.

La investigación sostiene que esa noche Sergio Ávalos fue interceptado, agredido físicamente y hecho desaparecer, y que desde entonces se mantiene un "pacto de silencio" entre los implicados, lo que obstaculizó el esclarecimiento del caso durante más de dos décadas.

Un largo camino judicial

La causa pasó por múltiples etapas. Inicialmente caratulada como "averiguación de paradero", sufrió desvíos y encubrimientos en el fuero provincial. Recién en 2013 fue trasladada a la Justicia Federal tras el reclamo de la familia Ávalos y el acompañamiento de organismos de derechos humanos.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la competencia federal y la tipificación del caso como desaparición forzada, un delito que se considera vigente mientras no se aclare el paradero de la víctima.

Fuente: Medios