Finalizó el juicio por estafa con planes sociales con 12 ex funcionarios del Estado imputados

Este martes se conoció el veredicto en el juicio por la estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Después de 32 jornadas de audiencias, en uno de los procesos más extensos que tuvo la provincia, el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita declaró culpables a 12 de los imputados con distintos niveles de responsabilidad. Todos fueron condenados por el delito de defraudación al Estado, pero resultaron absueltos por el cargo de asociación ilícita debido a la aplicación del principio de la duda.

El proceso había comenzado con 14 imputados, aunque el Ministerio Público Fiscal retiró la acusación contra dos funcionarios de menor jerarquía y el tribunal decidió absolverlos de todo cargo por unanimidad.

Tras la lectura de los fundamentos, el tribunal explicó que se pudo comprobar la existencia de una maniobra delictiva y sistemática dentro del Ministerio de Desarrollo Social entre septiembre de 2020 y julio de 2022. El juez Juan Guaita aseguró que en esa trama participaron distintos funcionarios, incluido el ministro, en un esquema que buscó defraudar a la administración pública y que generó un gran perjuicio a las arcas provinciales.

El magistrado detalló que el mecanismo consistía en la captación y utilización de beneficiarios de planes sociales, quienes reunían los requisitos legales para cobrar el subsidio, pero sólo percibían alrededor del diez por ciento de lo que les correspondía. El noventa por ciento restante quedaba en manos de funcionarios de la Dirección de Planes Sociales.

Guaita explicó que el sistema se articuló en torno a cuatro grupos claramente definidos: los beneficiarios estafados que recibían una suma mínima de dinero, los empleados del Ministerio que figuraban como beneficiarios sin poder serlo legalmente, los trabajadores que además de cobrar como beneficiarios eran presionados para aportar más personas, incluso familiares, y los listados confeccionados por punteros políticos, en su mayoría del Movimiento Popular Neuquino.

El dinero proveniente de estos grupos se reunía en las oficinas de calle Rivadavia y se guardaba en una caja azul bajo la custodia de Ricardo Soiza. Luego era distribuido en sobres a distintos destinatarios.

El juez señaló que se probó que los partícipes se aprovecharon de la vulnerabilidad de los beneficiarios, muchos de ellos en situación precaria, con discapacidad a cargo o adultos mayores, y que la maniobra se sostuvo mediante engaños sistemáticos. También se detectaron prácticas recurrentes como la falsificación de cheques mediante la imitación de firmas y el endoso fraudulento a bancos. 

A esto se sumaban amenazas y coacciones para evitar denuncias, además de contrataciones irregulares realizadas por funcionarios públicos, con pagos en negro y consumos cubiertos con dinero ilícito.

Entre las modalidades de fraude se identificó el depósito de cheques emitidos a nombre de beneficiarios reales pero con firmas falsificadas, que luego eran cobrados por funcionarios como Pablo Sanz y Marcos Osuna antes de ser guardados en la caja azul.

También se emitían cheques a favor de empleados del Ministerio que los depositaban en sus cuentas para extraer el dinero, aunque esa maniobra debió adaptarse cuando el Banco Provincia de Neuquén detectó irregularidades y bloqueó las cuentas, por lo que comenzaron a utilizar otras entidades bancarias. Según se indicó, los montos siempre eran menores a 50 mil pesos y tenían como origen el Ministerio de Desarrollo Social.

Otra variante consistió en el uso de tarjetas de débito. Los imputados acompañaban a los beneficiarios al BPN para abrir cuentas, les retenían la tarjeta y la clave, y luego realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos. Un testigo declaró haber llegado a usar hasta veinte tarjetas en lo que se conocía como "extracción ráfaga", lo que mostraba la estandarización de la maniobra.

En cuanto al destino del dinero recaudado, Guaita precisó que parte de los fondos se utilizaban para gastos propios de la organización, como el pago de seguridad, el alquiler de vehículos para funcionarios, la cobertura legal de punteros del MPN y consumos en el local comercial El Faraón. Otra porción se dirigía al enriquecimiento personal de algunos de los involucrados y también se comprobó el desvío de sumas para sostener prácticas de clientelismo político mediante la compra de voluntades en el territorio.

El juez diferenció distintos niveles de responsabilidad. En la Dirección de Planes Sociales, a cargo de Ricardo Soiza, se confeccionaban los listados de beneficiarios, se captaban personas, se gestionaban cheques y se guardaba el dinero en efectivo, por lo que allí quedó acreditada la participación de Soiza, Sanz y Osuna.

En el área administrativa y financiera, con figuras como el excoordinador provincial Tomás Siegenthaler, el exdirector de Finanzas Luis Gallo, la exdirectora de Finanzas Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo, se utilizaba la competencia administrativa para autorizar pagos y manipular los registros contables.

Finalmente, en el nivel político se encontraba el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, quien brindaba la autorización administrativa y participaba en reuniones donde se definían las decisiones junto a Siegenthaler.

El magistrado Kees, por su parte, cuestionó en términos severos al Ministerio Público Fiscal porque no investigó a fondo el destino final del dinero reunido en la caja azul, que contaba con una precaria contabilidad. Según señaló, la mayor parte de los fondos no se destinaba a gastos visibles como vehículos o terrenos, sino que terminaba en manos de destinatarios identificados únicamente con los apodos de "El Embajador" y "XXXX", cuya identidad no fue esclarecida.

El tribunal descartó los argumentos de las defensas, que intentaron justificar las maniobras por la transición de un sistema en papel a uno digital, las restricciones de la pandemia de coronavirus, la supuesta torpeza de los funcionarios o la presión social por agilizar pagos. Los jueces señalaron que las pruebas evidenciaron una actitud activa y deliberada para llevar adelante la maniobra, que incluyó expresiones de ocultamiento como "limpiá" o "¿ya limpiaste todo?".

En su fallo, los magistrados concluyeron que se consolidó un patrimonio ilícito sostenido en el tiempo, que se utilizó tanto para gastos internos como para clientelismo político, y que produjo un grave perjuicio a las finanzas provinciales. Subrayaron además que algunas defensas admitieron los ilícitos a lo largo del debate.

De este modo, el juicio cerró con la condena a doce imputados por defraudación al Estado y la confirmación de que la provincia fue escenario de una de las estafas más graves de los últimos años.

Fuente: Medios