Estafa con planes sociales: cerraron una audiencia por información sensible de un imputado
El tribunal aceptó el pedido de la defensa para resguardar la historia clínica de uno de los acusados. Se espera que los alegatos comiencen la próxima semana.
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén tuvo este miércoles una audiencia a puertas cerradas. La decisión fue tomada a pedido de uno de los defensores y aceptada por el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Juaita.
En esta instancia estaba prevista la declaración de tres testigos (una psicóloga y dos médicos psiquiatras) en relación con la historia clínica de uno de los imputados. Para resguardar la intimidad y el derecho a la salud, el tribunal dispuso excluir al público y a la prensa, y ordenó no revelar la identidad del acusado ni los motivos médicos que justificaron la medida.
En Argentina, la información de salud de un paciente es confidencial y no puede difundirse sin autorización. Solo un juez puede requerirla en el marco de un juicio, o bien cuando la persona está incapacitada y un representante legal la autoriza.
La defensa planteó que el acusado atravesaba un condicionamiento de salud que en su momento no le habría permitido cumplir con las tareas en su lugar de trabajo, y que además recibía órdenes directas de un superior.
Mientras tanto, el proceso avanza hacia su etapa final. En la sexta semana de debate ya se manejan fechas tentativas para los alegatos: la fiscalía lo haría el miércoles 3 de septiembre, y la defensa el lunes 8, aunque la confirmación se dará este viernes.
Tras esa instancia, vendrá la audiencia de imposición de penas, que podría demorar al menos dos semanas.
La causa
El juicio tiene 14 imputados y tres de ellos continúan con prisión preventiva: el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Marcos Osuna; y el excoordinador del área, Pablo Sanz.
El fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, junto al fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, buscan probar que existió una asociación ilícita desde el Estado provincial, que defraudó al Estado por medio de extracciones indebidas con tarjetas de débito.
La investigación abarca operaciones realizadas entre septiembre de 2020 y julio de 2022: 9.303 movimientos que implicaron un perjuicio económico de $153.377.900 (valores históricos), equivalentes hoy a más de $1.133 millones.
Cómo se destapó la estafa
El caso salió a la luz en junio de 2022, cuando Esteban Maegna Mendoza denunció al Banco Provincia del Neuquén (BPN) que nunca había recibido su tarjeta de débito, aunque su cuenta mostraba extracciones de dinero. Su reclamo activó una investigación interna que derivó en el descubrimiento de 198 tarjetas operadas de manera irregular, muchas de ellas utilizadas en simultáneo, con personas repetidas y en distintas sucursales de la provincia.
La defensa de los imputados también apuntó contra la responsabilidad institucional del banco. El jefe de Prevención de Fraudes, Joaquín Alfieri, declaró que no se pudo identificar al empleado del BPN que abrió la cuenta de Mendoza ni quién entregó la tarjeta a terceros.
Ese "error" fue la punta del iceberg de una de las mayores estafas con planes sociales registradas en Neuquén.
Fuente: Medios