Planes sociales: describieron la estructura para desviar fondos desde Desarrollo Social

En la quinta semana de audiencias por la presunta estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, la declaración de la perito contable Agustina Martínez, del Ministerio Público Fiscal (MPF), generó un cruce entre la Fiscalía y las defensas de los 14 imputados.

Su informe busca esclarecer si existió o no una asociación ilícita o una organización destinada a desviar fondos provinciales hacia otros fines. La exposición se extendió durante dos jornadas, y en su segunda presentación fue interrogada por más de cuatro horas tanto por la Fiscalía de Delitos Económicos como por las defensas.

Martínez, contadora y licenciada en Administración de Empresas con experiencia en el sector privado y desde 2022 integrante del equipo técnico contable del MPF, realizó una pericia integral que incluyó:

• La reconstrucción de la maniobra investigada.
  
  

• El análisis de movimientos contables de cada imputado.
  
  

• La evaluación patrimonial y financiera de los involucrados.
  
  

• La cuantificación del perjuicio económico.
  
  

Con apoyo de una presentación de PowerPoint -admitida por el tribunal tras la objeción de las defensas- mostró un esquema de la supuesta organización y los vínculos entre los acusados.

La estructura señalada

Según la perito, el cabecilla era Ricardo Soiza, entonces director de Planes Sociales. De él dependían cuatro "reclutadores" de beneficiarios, entre ellos el abogado Alfredo Cury y otros empleados como Pablo Sanz, Marcos Osuna y Omar Rodríguez Quezada.

En la base de la pirámide ubicó a once personas de la planta política del ministerio, un contratado eventual y un empleado de planta permanente. Entre ellos, algunos son imputados, otros fueron señalados como "extractores" y también hay arrepentidos sobreseídos.

En un apartado aparte mencionó a Isabel Montoya, pareja de Sanz, incorporada en junio de 2022 mediante decreto, aunque no se pudo establecer qué funciones cumplía.

Organización, no asociación ilícita

Martínez aclaró que su informe no determina la existencia de una asociación ilícita, pero sí concluye que había una estructura organizada para desviar subsidios de desempleo. Analizó entrevistas y correos electrónicos para entender la dinámica interna y el rol de cada acusado.

Uno de los puntos clave de su exposición fue la "resiliencia organizacional", es decir, la capacidad del grupo para adaptarse a obstáculos y mantener su objetivo. Detalló cómo, ante controles del BCRA o del Banco Provincia del Neuquén (BPN), la maniobra fue cambiando:

• Etapa inicial: cobro de cheques por ventanilla.
  
  

• Ante mayores controles: uso de bancos privados.
  
  

• Pandemia (2020): depósitos y extracciones en efectivo por empleados.
  
  

• Bloqueo de cuentas: depósitos a través de terceros.
  
  

• 2021: uso de tarjetas de débito de beneficiarios reclutados, quienes entregaban el plástico y el PIN a cambio de pequeñas sumas en efectivo.
  
  

• 2022: extracciones masivas hasta un nuevo bloqueo; luego, gestión para que los beneficiarios desbloqueen tarjetas y entreguen un nuevo PIN.
  
  

Consultada por las defensas, Martínez reconoció que el entonces ministro Abel Di Luca no designó a los integrantes de la estructura, y que Soiza fue nombrado por el gobernador. 

También admitió no poder precisar cuándo se conformó la organización ni cómo se fijaban sus objetivos, aunque señaló "incidencia política" vinculada a afiliaciones y votos en las elecciones de 2021.

Para la perito, el fin de esta estructura fue apropiarse de fondos destinados a asistencia social para desocupados, en una maniobra sostenida y adaptativa que buscó superar cada obstáculo para seguir desviando dinero.

Fuente: Medios