Alberto Fernández declaró en la causa por contratación de seguros
El ex presidente volvió a declarar por la causa que investiga contrataciones direccionadas durante su gestión. Es por el DNU 823/2021, que habría favorecido a intermediarios cercanos con contratos millonarios.
El expresidente Alberto Fernández enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo. Este viernes al mediodía, volvió a presentarse en Comodoro Py, convocado por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su mandato.
La declaración indagatoria no fue impuesta por el tribunal: fue solicitada por el propio exmandatario como herramienta de defensa, con el objetivo de aportar nuevos datos al expediente que lo tiene como principal imputado.
La Justicia busca establecer si Fernández favoreció, mediante un decreto presidencial, un esquema de contrataciones direccionadas que benefició a intermediarios cercanos.
Fernández volvió a declarar en Comodoro Py.
El núcleo de la causa: el DNU 823/2021
La causa, originalmente instruida por el juez Julián Ercolini y luego trasladada a Casanello, se centra en el decreto 823/2021. Este DNU eliminó el mecanismo de licitación pública para los seguros de organismos estatales, obligando a las dependencias oficiales a contratar a través de una única compañía aseguradora, operada mediante brokers supuestamente afines al expresidente.
Según la investigación, esa decisión administrativa habría generado comisiones millonarias para un reducido grupo de intermediarios, presuntamente vinculados a Fernández.
En abril de 2024, Ercolini ordenó congelar los bienes del exmandatario y levantar su secreto fiscal y bancario. Además, citó a 38 personas más a declarar como imputadas.
Llamadas, vínculos y más sospechas
Uno de los elementos clave de la causa es el entrecruzamiento de llamadas realizado por la Policía Federal. De allí surgieron al menos 17 comunicaciones entre Fernández y el broker Martínez Sosa, señalado como uno de los principales beneficiarios del esquema.
Ese mismo entrecruzamiento telefónico habilitó también, de forma colateral, la apertura de una causa por violencia de género en su contra, a raíz de registros vinculados a su expareja, Fabiola Yáñez.
En paralelo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) entregó un informe de 600 páginas donde se detallan supuestas maniobras de triangulación con testaferros y se refuerza la hipótesis de direccionamiento deliberado de las contrataciones.
Una fórmula presidencial, dos frentes judiciales
Con este expediente avanzando, la fórmula presidencial que gobernó entre 2019 y 2023 queda cada vez más comprometida en el ámbito judicial.
Mientras Cristina Fernández de Kirchner ya tiene una condena a seis años de prisión (domiciliaria) por la Causa Vialidad y enfrenta otras investigaciones, Alberto Fernández suma dos causas abiertas de alto impacto institucional: esta vinculada a los seguros, y la de violencia doméstica.
Lo que sigue
Tras esta nueva declaración, el juez Casanello deberá decidir si dicta el procesamiento del exmandatario o si dispone nuevas medidas de prueba.
Si no surgen elementos exculpatorios, la causa podría encaminarse hacia un juicio oral. Lo que está claro es que el DNU 823/2021 dejó expuesto un posible desvío de fondos públicos mediante un sistema cerrado de intermediación, que ahora podría tener consecuencias penales.
Fuente: Medios
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