Corrupción y desalojo en la agenda política neuquina
El juicio por la mega estafa con los planes sociales marcan un punto de inflexión en la provincia. El desalojo en casa de gobierno y la pregunta por la paz social. Dos hechos que se inscriben en la agenda de la próxima campaña electoral.
La semana dejó algunos datos relevantes para interpretar el presente político de la provincia de Neuquén. El inicio del juicio oral por la mega estafa con los planes sociales inaugura un período distinto en materia de transparencia. Un halo de esperanzas sobre la lucha contra la corrupción de la cual tanto se ha hablado y poco se ha hecho en los distintos gobiernos que estuvieron a cargo de la administración pública provincial. Una causa que condensa todos los elementos que una y otra vez desde la oposición se le reclamaban al Movimiento Popular Neuquino. Corrupción, clientelismo político y confusión Estado - Partido, sobrevuelan cada declaración de los testigos e imputados en la causa. Será cuestión de esperar las indagatorias, los alegatos y las sentencias para que la sociedad también juzgue si la investigación y el proceso sacian las demandas de justicia o dejan gusto a poco. Lo cierto es que un juicio por corrupción inimaginable hace tiempo atrás tiene lugar en la provincia de Neuquén. Se trata de la punta de un ovillo que, ojalá, implique una nueva etapa: la transparencia como exigencia permanente y obvia de la demanda social.
Desde el punto de vista político, se trata de un proceso que recae sobre nombres propios, aunque, ante todo, sobre una concepción de la administración pública que rigió, durante décadas, los usos y costumbres de una dirigencia política malacostumbrada. Los niveles de impunidad ajenos a los valores republicanos más básicos y esenciales descansaron sobre un sentimiento de resignación social que parece estar llegando a su fin. El nuevo clima de época que se vive en Argentina implica una conciencia cada vez más clara sobre los daños estructurales que la corrupción provoca. La novedad en Neuquén la aporta la gestión de gobierno. Por primera vez, la lucha contra la corrupción nace y se ejerce desde el oficialismo. La ley ficha limpia, la apertura pública y publicada de los procesos licitatorios, la expulsión de "ñoquis", y la eliminación de privilegios forman parte de la agenda gubernamental. Un dato no menor toda vez que la transparencia formaba parte casi natural de los discursos opositores y en muy raras ocasiones de la agenda gubernamental.
El clima político invernal tuvo también su capítulo en el desalojo de los manifestantes instalados en casa de gobierno. Grupos identificados como miembros de las comunidades mapuches Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas, se apostaron frente a casa de gobierno exigiendo la obtención de la personería jurídica y la inclusión en el registro de comunidades originarias. La protesta incluyó la presencia de caballos en la vía pública y pintadas en las paredes de la casa de gobierno. Una semana después, finalmente, la justicia ordenó el desalojo y la policía de la provincia cumplió la directiva tras una desoída y frustrada advertencia. El hecho no demoró en politizarse y la legislatura neuquina ofició como caja de resonancia. Desde el kirchnerismo y la izquierda identificaron al gobierno con prácticas represivas y ausencia de diálogo. Desde las bancas liberales se escuchó lo contrario. El diputado del Pro, Marcelo Bermúdez, felicitó a la justicia por su decisión y a la policía provincial por su accionar.
De fondo, asoma la pregunta a esta altura ineludible. ¿Cuál es el precio de la paz social? Durante los últimos gobiernos provinciales, la "Paz Social" fue ofrecida como un logro de gestión asentada en el diálogo permanente. Una máxima llevada al extremo que transformó a la autoridad pública en una instancia colegiada a merced de toda presión social. Pero el orden público no puede ser el resultado de concesiones permanentes ni la entrega del proceso decisorio a quienes pretenden alcanzar derechos de facto. Las instituciones bien entendidas deberían absorber la demanda social y administrar reclamos con criterios de justicia. Durante años, el populismo y la comodidad del cálculo político permanente desdibujaron los mecanismos institucionales y transfirieron la resolución de conflictos hacia vías de hecho que nada tienen que ver con los intereses colectivos. Como frente al fenómeno de la corrupción, también un nuevo clima de época parece habitar en la opinión pública. El desalojo estuvo lejos de despertar grandes reacciones sociales. Buena parte de la sociedad parece haber abandonado la defensa de una falsa paz social construida en un "toma y daca" político que nunca beneficia a quienes no tiene voz ni provocan disturbios.
El último cuatrimestre de 2025 será un escenario político complejo. Cada hecho cumplirá su rol en las agendas de campaña y exigirá de los distintos sectores posiciones definidas. La corrupción y la gestión de conflictos se inscribieron esta semana en ese sitio. Más o menos a lo lejos, el próximo 26 de octubre es el punto de llegada. Las únicas conclusiones relevantes quedarán plasmadas en las urnas, única interpretación inapelable.
