Tras la condena, la Justicia avanza sobre los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Tras la confirmación de la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, la Justicia avanza ahora en una nueva fase: la ejecución de bienes para recuperar fondos desviados.

El fiscal federal Diego Luciani presentará una intimación formal para que los acusados restituyan el dinero en un plazo de diez días hábiles. Si no cumplen, se procederá al embargo y posterior ejecución de bienes pertenecientes a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.

El monto del perjuicio económico calculado supera los 85 mil millones de pesos. Este reclamo patrimonial busca resarcir al Estado por el desvío de fondos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En este contexto, más de 20 propiedades, empresas y cuentas bancarias vinculadas a los condenados podrían ser subastadas para garantizar el recupero del dinero malversado.

Embargos millonarios y firmas familiares bajo investigación

La medida alcanza 27 propiedades, cinco cocheras en el edificio Madero Center y dos firmas familiares: Hotesur y Los Sauces. Estas empresas fueron utilizadas para canalizar ingresos por alquileres de hoteles y otras propiedades, muchas de las cuales fueron contratadas por empresarios beneficiados con licitaciones estatales.

En el caso de Florencia Kirchner, la Justicia mantiene bajo embargo 4,6 millones de dólares depositados en Hotesur, además de otro millón en una cuenta bancaria a su nombre. La posibilidad de que estos fondos pasen a formar parte de la devolución exigida por el Ministerio Público está siendo evaluada por los tribunales que intervienen en la etapa de ejecución de sentencia.

En paralelo, se espera el avance sobre los bienes de Lázaro Báez, quien concentra cerca de 60 propiedades distribuidas en su mayoría en la Patagonia. Varios de esos inmuebles permanecen sin uso y figuran a nombre de sociedades anónimas investigadas en distintas causas por lavado de dinero y corrupción.

Obras abandonadas y contratos cobrados en su totalidad

Uno de los puntos centrales del fallo judicial radica en la modalidad del fraude. La Justicia determinó que el 50% de las obras viales adjudicadas a empresas de Báez fueron abandonadas. A pesar de que los avances físicos de esos proyectos se mantuvieron entre un 16% y un 36%, el empresario cobró la totalidad de los contratos otorgados por el Estado. 

Esta diferencia entre lo efectivamente ejecutado y lo pagado configura, según la sentencia, una de las maniobras más graves de desvío de fondos públicos en democracia.

El Estado busca ahora recuperar parte de ese dinero mediante la ejecución forzosa de bienes. El reclamo de resarcimiento había sido postergado durante el gobierno de Alberto Fernández, pero con la ratificación de la condena por parte de la Corte, la fiscalía reactivó la demanda patrimonial contra los responsables del desfalco.

Fuente: Medios.