Estafa con planes sociales

El debate se extendió del 21 de julio al 10 de septiembre y se convirtió en el más prolongado desde que rige el nuevo Código Procesal Penal. El veredicto se conocerá en los próximos días.

En sus últimas palabras ante el tribunal, el ex funcionario rechazó haber manejado expedientes de planes sociales, cuestionó a los arrepentidos y criticó al fiscal Vignaroli por su alegato. Admitió la entrega de cheques a grupos que presionaban al gobierno, aunque la definió como una tarea política.

La defensora sostuvo que no hubo pruebas firmes contra la joven madre de tres hijos y acusó a la Fiscalía de construir la causa en base a su relación sentimental con Pablo Sanz. También expuso el impacto del proceso en sus hijos, que sufrieron bullying escolar.

Los abogados de los 12 imputados cuestionaron la acusación de la Fiscalía y pidieron la absolución de sus clientes, argumentando falta de pruebas sobre fraude, asociación ilícita y beneficio personal.

Según la acusación, la maniobra fue organizada desde el Ministerio de Desarrollo Social y contó con la participación de funcionarios, empleados y particulares, con un total de 9.303 estafas comprobadas.

El defensor Alfredo Cury pidió hablar tras los alegatos, el tribunal se lo negó y estalló un incidente que paralizó el proceso. Hubo acusaciones de parcialidad y un pedido de recusación.

La Fiscalía adelantó que acusará a 12 de los 14 imputados en el juicio por el desvío de fondos de planes sociales, que asciende a más de 1.100 millones de pesos. Ariel Krom y Fernando Cardozo Regidor quedarán fuera por razones de salud.

La causa investiga una defraudación de más de $1.147 millones entre 2020 y 2022. Los fiscales Vignaroli y Narváez pedirán que 13 de los 14 imputados sean declarados responsables.

El exfuncionario afirmó que actuó bajo presiones y detalló el impacto del juicio en su vida personal. Otros imputados también declararon sobre su rol en la operatoria financiera.

El tribunal aceptó el pedido de la defensa para resguardar la historia clínica de uno de los acusados. Se espera que los alegatos comiencen la próxima semana.

En el día 24 del juicio, empleados del Ministerio de Desarrollo Social describieron desorden administrativo, irregularidades en la entrega de subsidios y formas atípicas de contratación de personal. Los testimonios de las defensas buscan desacreditar la acusación de asociación ilícita, mientras se resguarda la identidad de quienes aún trabajan en el Estado.

En el juicio, dos testigos clave contaron la historia de Osuna. Relataron cómo el acusado fue escalando en la administración pública: de una pasantía no remunerada a un puesto en planta permanente.

Durante la jornada, la contadora Melisa Benítez Jaccod recibió duras críticas por inconsistencias y vacíos en su informe sobre el millonario fraude.

El juicio por estafa con planes sociales expone la red de funcionarios y allegados que cobraban cheques destinados a los más vulnerables.

En la quinta semana del juicio, expusieron un informe que describe una estructura encabezada por el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, con "resiliencia organizacional" para sortear controles y continuar con la maniobra.

La perito contable Agustina Martínez detalló movimientos bancarios, extracciones y cheques que, según la investigación, permitieron desviar casi $2.000 millones actualizados. La defensa anticipa que cuestionará la credibilidad de testigos la próxima semana.

La ex directora de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, reconoció que dejó de firmar cheques en 2020 por sospechas en los montos y la operatoria. La defensa la confrontó con documentos y correos para demostrar que conocía un sistema paralelo de impresión masiva. Hubo cruces por irregularidades, acusaciones de maltrato y poder concentrado.

La Justicia investiga cómo fondos destinados a subsidios por desocupación terminaron en manos de empleados del propio ministerio. Además, se secuestraron objetos llamativos en un restaurante vinculado a uno de los acusados.

Las grabaciones revelan instrucciones directas a su hijo y referencias a figuras políticas; Soiza dijo que todo fue "sacado de contexto".

Con herramientas tecnológicas y análisis de redes sociales, un cabo primero logró identificar a quienes cobraban planes con tarjetas ajenas. Su informe fue clave para llegar al juicio.