Estafa con planes sociales

En la quinta semana del juicio, expusieron un informe que describe una estructura encabezada por el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, con "resiliencia organizacional" para sortear controles y continuar con la maniobra.

La perito contable Agustina Martínez detalló movimientos bancarios, extracciones y cheques que, según la investigación, permitieron desviar casi $2.000 millones actualizados. La defensa anticipa que cuestionará la credibilidad de testigos la próxima semana.

La ex directora de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, reconoció que dejó de firmar cheques en 2020 por sospechas en los montos y la operatoria. La defensa la confrontó con documentos y correos para demostrar que conocía un sistema paralelo de impresión masiva. Hubo cruces por irregularidades, acusaciones de maltrato y poder concentrado.

La Justicia investiga cómo fondos destinados a subsidios por desocupación terminaron en manos de empleados del propio ministerio. Además, se secuestraron objetos llamativos en un restaurante vinculado a uno de los acusados.

Las grabaciones revelan instrucciones directas a su hijo y referencias a figuras políticas; Soiza dijo que todo fue "sacado de contexto".

Con herramientas tecnológicas y análisis de redes sociales, un cabo primero logró identificar a quienes cobraban planes con tarjetas ajenas. Su informe fue clave para llegar al juicio.

En la décima audiencia, la Fiscalía citó a testigos que vinculan a Pablo Sanz e Isabel Montoya con la compra de un lote en un country de Plottier y la apertura de un centro de estética. Buscan determinar si parte del dinero desviado fue utilizado en esas operaciones. El fraude supera los mil millones de pesos.

El juicio por el millonario fraude en Neuquén sigue revelando el entramado político y administrativo detrás. Esta semana, un ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social contó cómo se armaban sobres con fajos de dinero para funcionarios y punteros, y detalló el uso de tarjetas de débito a nombre de terceros para alimentar una "caja azul" vinculada al exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Una testigo relató que, un día antes de los operativos de agosto de 2022, los implicados ya sabían que les allanarían sus viviendas. Aportó detalles sobre el funcionamiento interno del esquema de fraudes con planes sociales en Neuquén.

El testimonio de una testigo en la sexta jornada del juicio expuso una estructura jerárquica y naturalizada que involucraba a funcionarios, referentes barriales y beneficiarios que nunca supieron que figuraban en los listados.

Tres víctimas testificaron sobre cómo fueron manipuladas por una red de punteros que operaba desde el Estado. Les prometían ayuda, pero les robaron todo. El sistema estaba diseñado para explotarlos.

Elio García fue suspendido por el Colegio de Abogados de Neuquén y no podrá seguir representando a uno de los imputados. La medida sorprendió al tribunal y generó un cuarto intermedio en la quinta jornada del debate oral.

Una joven beneficiaria relató cómo una referente barrial del MPN le sacó la tarjeta, le daba migajas y la obligaba a militar.

Los empleados del banco no eran parte del fraude, según el informe, pero casi 10 empleados de BPN fueron sancionados con suspensiones o apercibimientos.

Comenzó el juicio por una defraudación millonaria con programas sociales en la provincia. Uno de los imputados participó de forma remota por razones de salud mental. El monto de la estafa supera los 153 millones de pesos.

La Justicia postergó por tres meses el proceso contra Julio Arteaga por razones de salud. El juicio comenzará el 21 de julio con el resto de los imputados.

El esquema de estafas funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio.

Los involucrados en la causa por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén reconocieron su participación en el fraude y buscan evitar el juicio con un acuerdo de prisión en suspenso. La Justicia evaluará si acepta la propuesta, mientras avanza el juicio principal con 15 acusados.

Funcionarios habrían hecho la vista gorda ante las irregularidades, en un entramado de corrupción que involucra a distintos niveles del Estado.

El juez consideró insuficientes las propuestas de penas en suspenso y trabajos comunitarios para los acusados, quienes habrían participado en el cobro fraudulento de cheques por más de $17 millones. La decisión busca garantizar proporcionalidad frente a la magnitud del delito.