Recién en abril se conocerá la pena a los policías culpables de la muerte de Fuentealba
El juicio de cesura de la causa que investiga las responsabilidades de la cúpula policial en el Operativo Arroyito ya tiene fecha definida. Allí se establecerá qué condena deberán cumplir.
Luego del veredicto condenatorio a seis de los ocho policías juzgados en la causa Fuentealba II, la Oficina Judicial de Neuquén informó que el martes 18 y miércoles 19 de abril se realizarán las audiencias en las que se discutirán las penas para los expolicías.
En todos los casos las penas son menores a tres años; de ejecución condicional.
El tribunal integrado por Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc declaró, por unanimidad, culpables del delito de abuso de autoridad a Carlos Salazar, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, y Jorge Garrido. Los jueces interpretaron que los integrantes de la cúpula policial ejecutaron y participaron del operativo que terminó con el asesinato del docente Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007.
Por otra parte, fue condenado el actual comisario inspector en Chos Malal, Benito Matus, que en aquel momento era oficial principal del área de Logística. A él se lo consideró culpable del delito de abuso de armas agravado por ser integrante de la fuerza. La culpabilidad se fundamentó en los disparos que ejecutó contra el auto en el que tres docentes huían del playón de la represión.
Los ocho expolicías acusados presenciando el juicio.
El tribunal calificó de "arbitraria" e "ilegítima" la represión en la segunda y tercera fase del operativo (en la tercera fue asesinado Fuentealba) y aseguró que los jefes de entonces no hicieron cesar esa situación, por lo que los declaró responsables penales de abuso de autoridad.
Sobre los oficiales Julio Lincoleo y Aquiles González, el tribunal no encontró motivos para culparlos del encubrimiento de Darío Poblete, luego del asesinato de Fuentealba. Y en relación al pedido de que se investigue al ex gobernador Jorge Sobisch realizado por el fiscal del juicio, Maximiliano Breide Obeid, Giorgetti señaló que "el fiscal no necesita autorización para iniciar una investigación como la solicitada".
