Fraude al Estado: qué encontraron en los allanamientos a organizaciones sociales
El objetivo principal del operativo fue reunir documentación administrativa y contable para evaluar el manejo de fondos otorgados por el gobierno provincial anterior a las cooperativas Cae Babylon y Viento Sur.
Este viernes, el jefe fiscal Pablo Vignaroli ofreció detalles sobre los todos los análisis realizados en viviendas vinculadas a la Cooperativa Viento Sur en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del "Programa sistema de promoción de empleo neuquino.
Según Vignaroli, el objetivo principal del operativo fue reunir documentación administrativa y contable para evaluar el manejo de fondos otorgados por el gobierno provincial anterior a las cooperativas Cae Babylon y Viento Sur.
"En el domicilio legal de Viento Sur no encontramos nada, ni siquiera el ocupante de la vivienda sabía que allí funcionaba la sede de la cooperativa", comentó el fiscal, describiendo las irregularidades detectadas desde los primeros allanamientos.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado, que cuestionaba el destino de 1.183.438 pesos transferidos a Viento Sur entre enero y diciembre de 2023, sin la debida rendición de cuentas requeridas por la Ley de Administración Financiera.
Este viernes, a solicitud del fiscal Juan Manuel Narváez, se realizaron tres allanamientos en Neuquén y en la zona de chacras de Fernández Oro, en una causa por defraudación agravada por fraude a la administración pública.
La búsqueda apuntaba a documentos sobre las cooperativas Viento Sur y Cae Babylon, dispositivos electrónicos, facturas, boletos de compra-venta, así como registros de compra de terrenos en la zona de Junín de los Andes.
La investigación, iniciada en mayo, también involucra a dirigentes de las organizaciones Libres del Sur y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), además de exfuncionarios provinciales.
Durante las pesquisas, se descubrió que parte de estos fondos habrían sido destinados al pago de cuotas de terrenos en la cordillera, arreglos y compra de vehículos, y pagos mensuales a personas que no participaban en el programa ni en el convenio firmado entre las organizaciones sociales.
Fuente: Medios
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