Judiciales

Pablo Hugo Guayquillán fue acusado por la muerte de Kevin Osés, de 28 años, quien falleció tras recibir una puñalada mientras intentaba pedir ayuda. La fiscalía solicitó prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Cristian Poblete Torres, hijo de una candidata a senadora, fue sorprendido facilitando el hurto de carne y lácteos junto a un fletero. La mercadería fue recuperada y el caso tiene resonancia política.

En la quinta semana del juicio, expusieron un informe que describe una estructura encabezada por el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, con "resiliencia organizacional" para sortear controles y continuar con la maniobra.

La perito contable Agustina Martínez detalló movimientos bancarios, extracciones y cheques que, según la investigación, permitieron desviar casi $2.000 millones actualizados. La defensa anticipa que cuestionará la credibilidad de testigos la próxima semana.

La ex directora de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, reconoció que dejó de firmar cheques en 2020 por sospechas en los montos y la operatoria. La defensa la confrontó con documentos y correos para demostrar que conocía un sistema paralelo de impresión masiva. Hubo cruces por irregularidades, acusaciones de maltrato y poder concentrado.

El hallazgo de sus restos en una vivienda porteña reaviva la causa por la desaparición de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984, y abre un nuevo capítulo judicial.

La candidata a senadora de La Libertad Avanza enfrenta una demanda por daños y perjuicios vinculada a la venta de lotes en un sector no habilitado. Su entorno denuncia un uso político de la causa.

El Tribunal de Impugnación anuló la condena a prisión perpetua contra cuatro acusados y ordenó su inmediata liberación, a casi dos décadas del hecho.

La Legislatura aprobó una resolución que solicita a Personas Jurídicas impulsar la intervención judicial, ante presuntas irregularidades que afectan a más de 7.000 personas.

La Justicia investiga cómo fondos destinados a subsidios por desocupación terminaron en manos de empleados del propio ministerio. Además, se secuestraron objetos llamativos en un restaurante vinculado a uno de los acusados.

"Durante ese tiempo se logró investigar a profundidad el caso, aunque todavía queda un largo camino por transitar", dijo el defensor de las mujeres. Cómo seguirá trabajando la justicia.

La Justicia asocia un suceso a 68 fallecimientos (y 20 más en estudio). En este marco, 24 personas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo tienen impedida la salida del país.

Las grabaciones revelan instrucciones directas a su hijo y referencias a figuras políticas; Soiza dijo que todo fue "sacado de contexto".

El hecho ocurrió el viernes 1° de agosto en Ruta 7 y calle 5. La conductora escapó tras el impacto y luego se entregó. Ya había protagonizado otro choque grave en 2024, donde su hijo sufrió heridas severas.

Con herramientas tecnológicas y análisis de redes sociales, un cabo primero logró identificar a quienes cobraban planes con tarjetas ajenas. Su informe fue clave para llegar al juicio.

La Justicia acusó a un joven que manejaba alcoholizado y en zigzag cuando impactó contra una parada de colectivo. Las víctimas sufrieron lesiones de distinta gravedad. El hecho ocurrió el 31 de julio a las 6:30.

En la décima audiencia, la Fiscalía citó a testigos que vinculan a Pablo Sanz e Isabel Montoya con la compra de un lote en un country de Plottier y la apertura de un centro de estética. Buscan determinar si parte del dinero desviado fue utilizado en esas operaciones. El fraude supera los mil millones de pesos.

La Cámara de Apelaciones revocó un fallo previo y responsabilizó al gerente de una firma mayorista por encubrir la relación de dependencia de una trabajadora, pagar en negro y evadir aportes previsionales. La empresa había cerrado antes de pagar la indemnización.

El juicio por el millonario fraude en Neuquén sigue revelando el entramado político y administrativo detrás. Esta semana, un ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social contó cómo se armaban sobres con fajos de dinero para funcionarios y punteros, y detalló el uso de tarjetas de débito a nombre de terceros para alimentar una "caja azul" vinculada al exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

La medida, dictada en San Martín de los Andes, garantiza el derecho a la vivienda de una mujer que denunció violencia por parte de su expareja. El fallo contempla un plazo de 22 meses para resolver la división de bienes.

Tras una audiencia de cesura ordenada por Casación, el Tribunal Oral Federal impuso cuatro condenas de cumplimiento efectivo y dos en suspenso. Los hechos ocurrieron en 2008, en la exUnidad 9, y ya había nueve agentes condenados a prisión perpetua.