La Escuelita VIII: empezó el juicio contra funcionarios judiciales
En esta oportunidad se juzga el accionar del exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Marcelino Ortíz. Se les acusa de brindar cobertura judicial a los crímenes de la dictadura.
Este viernes 20 de octubre, en la sede del Tribunal Oral Federal, comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén. En la causa denominada "La Escuelita VIII" se juzga el accionar del exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Marcelino Ortíz.
Ambos imputados, Pedro Laurentino Duarte y Victor Marcelo Ortiz participaron de la audiencia por Zoom, mientras sus abogadas defensoras lo hicieron de manera presencial.
Militantes de los DDHH, trabajadores de la educación, estudiantes y una nutrida delegación de obreros y obreras de Cerámica Neuquén, acompañaron la jornada.
La Fiscalía Federal se encuentra representada por el fiscal Miguel Palazzani, mientras que las querellas de APDH cuenta con sus abogados Marcelo Medrano y Bruno Vadalá al turno que los querellantes Inés Rigo -Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle- y Oscar Ragni, por el caso de su hijo Oscar Ragni (h), cuentan con la representación de las abogadas integrantes del CeProDH, Natalia Hormazabal y Mariana Derni.
En la primera jornada se escucharon los testimonios de los familiares de cada una de las víctimas de la dictadura. Además, en estas primeras audiencias, se leerán las acusaciones de Fiscalía Federal, y de las querellas particulares.
Los dos imputados llegan a juicio luego de una instrucción de más de 10 años, y más de 40 incidentes y recursos interpuestos por Duarte y Ortiz. Se les acusa de que en su rol de Juez federal de Primera Instancia y Fiscal federal entre los años 1976 y 1984, brindaron cobertura judicial a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 19 víctimas de la dictadura de las cuales 9 permanecen desaparecidas.
En su rol como integrantes de la justicia federal cumplieron un rol central y fundamental al imprimir como trámite meramente formal las presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas.
Según la fiscalía, ambos otorgaban trámite superfluo a las actuaciones en que se investigaban secuestros, a sabiendas de que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.
En las próximas audiencias será el turno de las indagatorias a los imputados, para que hagan uso de la palabra.
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