Caso de estafa en planes sociales: la decisión judicial siembra inquietudes
La prisión domiciliaria de los imputados podría finalizar antes del juicio, que está previsto para marzo o abril, generando preocupación por los riesgos procesales.
El caso de la presunta estafa con planes sociales en Neuquén suma un nuevo capítulo que genera cuestionamientos. El juez de garantías Luis Giorgetti decidió acortar el plazo de la prisión domiciliaria de Marcos Osuna y Ricardo Soiza, imputados como máximos responsables de la organización delictiva, a un mes y quince días a partir del 10 de enero.
La medida, tomada a instancias del fiscal Juan Manuel Narváez, incluyó condiciones como el uso de tobilleras electrónicas, rondines policiales de control, y la prohibición de contacto con testigos. Sin embargo, estas disposiciones dejan puntos de preocupación:
Riesgo de entorpecimiento procesal: Aunque el fiscal destacó que ambos acusados aún representan un riesgo para la investigación, el plazo reducido podría permitir que recuperen la libertad antes del juicio, programado para marzo o abril.
Disponibilidad de tobilleras electrónicas: La resolución menciona que el uso de tobilleras está sujeto a su disponibilidad, lo que pone en duda si esta herramienta clave para el control de los acusados podrá efectivamente aplicarse.
Audiencia clave el 18 de febrero
El próximo paso será la audiencia de control de acusación el 18 de febrero, que definirá los detalles del juicio oral y público. Según el fiscal Narváez, mantener la prisión domiciliaria hasta la etapa del juicio es esencial para resguardar el proceso y mitigar los riesgos procesales.
Contexto del caso
Osuna y Soiza están acusados de liderar una organización que habría perpetrado una millonaria estafa mediante la gestión irregular de planes sociales. Mientras que Osuna cumplirá en enero el plazo máximo de 18 meses de prisión preventiva permitido por la ley para casos complejos, Soiza ya se encuentra en prisión domiciliaria desde septiembre pasado.
Preocupación social
La comunidad jurídica y la opinión pública han manifestado inquietud por estas decisiones. Por un lado, acortar los plazos de detención podría permitir que los acusados vuelvan a su entorno antes del juicio. Por otro, la mención de la "disponibilidad" de tobilleras electrónicas sugiere una debilidad estructural que podría comprometer el cumplimiento efectivo de las medidas.
El desarrollo del juicio será clave no sólo para esclarecer el caso, sino también para reforzar la confianza en el sistema judicial y en la capacidad de garantizar justicia en situaciones de alto impacto social.
Fuente: Medios
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