Buscan frenar la violencia escolar: la Legislatura debate sanciones a los agresores

Ante el aumento de casos de violencia en las escuelas de la provincia, la Legislatura comenzó a debatir distintos proyectos que apuntan a proteger a los docentes y a establecer sanciones claras para quienes ejerzan agresiones dentro del ámbito educativo.

El diputado provincial Francisco Lépore manifestó su preocupación por la reiteración de hechos de violencia física y verbal que afectan no sólo a los docentes, sino también a directivos y estudiantes. "Debemos cuidar y resguardar a nuestros educadores, garantizándoles condiciones laborales seguras y dignas", remarcó.

"No puede ser que venga un padre, un tío o un amigo y entre a una sala de profesores a pegarles o amenazarlos. Es inadmisible", sentenció Lépore.

En los últimos tiempos se han registrado golpes, amenazas y situaciones de violencia tanto entre alumnos como por parte de familiares que ingresan a los establecimientos. 

El proyecto incluye prevención, sanciones y respuestas rápidas ante hechos de violencia

La iniciativa propone la creación de un sistema integral de prevención de la violencia escolar, con la implementación de protocolos de actuación claros y sanciones específicas para los agresores. Además, cuenta con el respaldo de más de 4.000 firmas presentadas ante los legisladores.

Lépore explicó que el objetivo no es solo prevenir, sino también establecer un marco de responsabilidades. "El problema es integral, pero tiene que haber mecanismos concretos para abordarlo", sostuvo. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con respuestas rápidas por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

"Muchas veces se escudan en que son cuestiones psicológicas o que no están directamente relacionadas con el trabajo, y terminan rechazando accidentes o enfermedades laborales. Eso lo han planteado desde el gremio docente también", indicó.

Sanciones diferenciadas 

Lépore adelantó que el proyecto prevé sanciones diferenciadas según el vínculo del agresor con el Estado. Te contamos las diferencias:

Si quien comete la agresión es un empleado público, se deberá iniciar de manera inmediata un sumario administrativo y aplicar las sanciones correspondientes. "No puede ser que un trabajador estatal agreda a un docente. Tiene que ser inadmisible, y así lo vamos a establecer en el proyecto", dijo.

En el caso de personas que no tengan relación de dependencia con la provincia, se contemplan multas y, cuando la agresión lo amerite, incluso la posibilidad de aplicar días de arresto, a través de una reforma al código contravencional que ya se encuentra en estudio.

El objetivo: respeto y seguridad

La propuesta busca generar un marco legal que respalde a los docentes y contribuya a frenar la escalada de violencia. "Necesitamos escuelas donde se respete al personal docente y donde la comunidad educativa pueda desarrollarse en un clima seguro", concluyó Lépore.

El debate continuará en las próximas semanas en comisión, con la intención de avanzar hacia una ley concreta y efectiva que garantice la seguridad y el respeto en el ámbito escolar.

Uno de los proyectos presentados ante la legislatura es de ATEN, que considera agresión a cualquier acto físico, verbal, psicológico o simbólico hacia el personal educativo siempre que sea ejercido por personas ajenas al ámbito de la educación. Los hechos de violencia no solo afectan a la víctima, sino que repercuten en toda la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes.

Propone medidas como que las instituciones cuenten con personal de seguridad y/o medidas electrónicas de protección.

En cuanto al acompañamiento de las víctimas, el proyecto prevé que el Gobierno garantice asistencia médica, psicológica y legal de manera gratuita. Además, el hecho tendrá que ser denunciado por el empleador ante la ART, la cual deberá hacerse cargo de los gastos médicos en caso de que los hubiera.

Las sanciones propuestas por ATEN, en el Artículo 7, incluyen multas de entre diez a cien JUS, o arresto de hasta 30 días para quienes ejecuten cualquier tipo de agresión contemplada.

Agustín Sánchez, asesor pedagógico de la EPET 27 y licenciado en Psicopedagogía y Gestión Educativa, también ideó un proyecto de ley para crear un régimen contra la violencia hacia docentes y directivos.

La iniciativa está dirigida sobre todo a faltas contravencionales. Al apuntar contra los insultos o agresiones menores, se busca evitar que la violencia escale hasta tomar mayor dimensión. "Hay padres que ingresan, insultan, hacen escándalos y eso repercute directamente en la autoridad pedagógica del docente o el directivo", argumentó.

Fuente: Medios.