Para el Secretario de Estado del gobierno norteamericano la ex presidenta y su ministro de Planificación Federal “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”.
Minutos después del anunció, el presidente Javier Milei compartió el comunicado en sus redes sociales. Acompañó el posteo con la leyenda “Che Cristina”, en alusión al latiguillo que la ex presidenta suele usar cuando critica las políticas del gobierno libertario.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio”, destacaron en un comunicado oficial del Departamento de Estado. Y agregaron: “Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno”.
Estas sanciones fueron aplicadas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, que exigen que el Secretario de Estado designe’, pública o privadamente, a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga “información fidedigna de participación en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos”.
Para el gobierno de Estados Unidos “las designaciones exponen a los actores corruptos a través de la atención de los medios, apoyan las acciones de aplicación de la ley local, promueven la rendición de cuentas y destacan la necesidad de reformas legales anticorrupción”.
En noviembre del año pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. En esa causa Julio De Vido terminó absuelto.
Sin embargo, el ex ministro de Planificación Federal fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel que había recibido por su responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas. Todavía continúa procesado por el fraude contra el Estado por $265 millones en la mina de carbón de Río Turbio y en la denominada causa de los Cuardernos.
Fuente Infobae
