Argentina avanza en el proyecto de ley de hepatitis, tuberculosis y VIH

"La ley de 1991 es muy buena porque ofrece la gratuidad de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento, pero en estos 30 años hemos aprendido que no es suficiente, que hay que prestar atención también a los determinantes sociales de la salud", dijo Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH esta semana durante el webinar "Nueva Ley de VIH y Hepatitis, de Argentina al mundo".

Es que el proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas; y la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.

El pasado 5 de mayo, Diputados dio media sanción por 241 votos positivos y sólo 8 negativos, a la "Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y tuberculosis (TBC)" después de que el proyecto perdiera estado parlamentario en 2017, 2019 y 2021.

En forma unánime y con más fuerza desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con el virus reclaman la "urgente" sanción del proyecto porque "no hay más tiempo".

Foto: Victoria GesualdiEs que el 17% de las 140 mil personas que conviven con el virus en Argentina desconocen el diagnóstico, mientras que cada año se registran un promedio de 4.500 nuevos casos diagnosticados y más de 1.300 muertes relacionadas con el Sida.

Pero además, los años de medicalización producen un "envejecimiento prematuro", mientras que "la discriminación histórica" obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.

La iniciativa destina todo un capítulo a "las mujeres y personas con capacidad de gestar", consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto "favoreciendo el derecho al parto vía vaginal"), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.

En el nuevo apartado, "estamos tratando de garantizar aspectos que hoy no están, como la protección frente a la violencia obstétrica, que es mucha, porque el sistema de salud no está capacitado y pasa muy seguido que nos desalientan de tener hijos o a tener un parto vaginal cuando tranquilamente lo podemos hacer", agregó.

Un estudio realizado en Argentina de la Iniciativa Spotlight y ICW, reveló que al 20% de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH; y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de "no tener hijos" por parte de personal de salud.

La iniciativa también plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

"Son dos medidas para tratar de reducir los indicadores de mortalidad porque sabemos que en nuestro país aquellas personas que mueren por causas relacionadas al Sida, mueren por causas relacionadas con la pobreza y la discriminación", dijo Muñoz.

Además, el proyecto focaliza en las cinco "poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad" identificadas por Onusida: personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas. Aunque sin enumerarlas, fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.

"Si yo me paro y digo que soy una persona diabética, no genera ningún ruido o situación más allá del comentario 'uy qué cagada', pero no es así cuando uno dice soy VIH+: la mirada del otro cambia y más si estás queriendo conseguir trabajo o relacionarte sexoafectivamente con otra persona; lamentablemente no nos pasa seguido", dijo Rotela.

El texto también deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la "criminalización por la sola condición de la infección".

Fuente Télam