Subsidios limitados, recorte a "zonas frías" y alivio a las distribuidoras eléctricas

El Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de presupuesto 2026, acompañado por un mensaje en cadena nacional de Javier Milei, que volvió a poner el foco en el equilibrio fiscal. El texto, sin demasiados detalles finos, incluye definiciones clave para el sector energético: un nivel de subsidios equivalente al 0,5% del PBI, el fin de la ampliación del beneficio por "zonas frías" y un mecanismo de compensación para distribuidoras eléctricas endeudadas. 

En materia de subsidios, el plan replica los valores de este año y lo pactado con el FMI. CAMMESA recibirá cerca de 2,6 billones de pesos para cubrir parte del costo de la energía destinada a hogares de bajos ingresos, mientras que Enarsa tendrá asignado 1 billón de pesos para importar barcos de gas natural licuado durante los meses de mayor demanda. 

Uno de los cambios más sensibles es la eliminación de la extensión del régimen de "zonas frías", aprobada en 2021. Con esa norma se habían sumado localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Mendoza, a un beneficio que originalmente alcanzaba solo a la Patagonia, la Puna y Malargüe. 

Si prospera la propuesta, alrededor de 3 millones de hogares perderían la bonificación. El proyecto mantiene el cargo que financia este esquema, de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Actualmente es del 6,8%, pero el Ejecutivo podrá subirlo o bajarlo en hasta un 50%, lo que abre margen para futuros aumentos. 

El punto más polémico está en el artículo 74, que habilita a las distribuidoras eléctricas a compensar deudas con CAMMESA en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario. En otras palabras, podrán reclamar diferencias entre lo que deberían haber cobrado según sus contratos y lo que efectivamente recibieron durante los períodos de emergencia. 

Analistas recuerdan que algo parecido intentó el gobierno de Mauricio Macri en 2017, aunque entonces fueron las provincias las que empujaron la medida. Lo llamativo ahora es que la iniciativa surja del propio Poder Ejecutivo. Además, especialistas advierten que esas deudas ya habían sido reconocidas en 2021 en el marco de la ley de presupuesto de ese año, lo que podría duplicar compensaciones. 

A eso se suma una dificultad práctica: calcular retroactivamente los montos para las 24 jurisdicciones con sus distintos contratos y marcos regulatorios resulta, según exfuncionarios del área energética, "casi imposible".