La Justicia le prohíbe a Bullrich intervenir en la seguridad de la marcha de jubilados

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no podrá intervenir en el operativo policial previsto para este miércoles durante la tradicional marcha de los jubilados. Así lo resolvió el juez porteño Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue adoptada tras la presentación de recursos de amparo por parte de gremios de la CGT y la UTEP, quienes solicitaron que se impida la participación de fuerzas federales en la movilización.

Por este motivo, la responsabilidad del operativo recaerá exclusivamente en la Policía de la Ciudad.

Por tal motivo, el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe de Gobierno, Jorge Macri, que se abstengan de permitir la intervención de fuerzas federales fuera de los márgenes establecidos por la Ley de Seguridad Interior, al considerar que ello afectaría la autonomía porteña y el rol de la Policía de la Ciudad.

De esta manera, Gallardo dispuso que la administración de Macri sea la única responsable del operativo de seguridad previsto para este miércoles 9, jornada en la que coincidirá la tradicional marcha de los jubilados con la movilización convocada por la CGT en el marco del paro general, a la que diversos gremios ya confirmaron su adhesión.

Buscan prevenir la represión

Por otro lado, el juez ordenó que se garantice "la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes" en la Ciudad de Buenos Aires, mediante un operativo que respete plenamente el derecho de reunión, de protesta y de libre expresión.

También dispuso que se delimiten de manera clara y anticipada los llamados "objetivos federales" que estarán bajo custodia de fuerzas nacionales, limitando su intervención exclusivamente a esos espacios y no al entorno urbano.

En su fallo, Gallardo remarcó que no se trata de un planteo abstracto ni de un control institucional simbólico, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente ante un riesgo real y previsible que afecta derechos fundamentales de quienes participen de la movilización.

"El riesgo planteado -relacionado con la integridad física, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, así como con la autonomía de la Ciudad- no es una conjetura ni una hipótesis lejana. Está respaldado en antecedentes verificables y en la posibilidad concreta de que se repitan en el futuro", concluyó.

Fuente: Medios